El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaran un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán por violar el procedimiento que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial al emitir su voto de calidad en el amparo concedido contra la reforma a la Ley de Industria Eléctrica.
El miércoles, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que otorgaba preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
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El asunto se empató con los votos en contra del proyecto de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, proclives a los intereses gubernamentales, por lo que el presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, emitió un voto de calidad a favor de su propuesta.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, explicó que los ministros debieron de haber llamado a otro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia, que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias, y sólo si continuaba el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad.
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“No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación mexicana son responsables, políticamente, por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso”, expresó Robledo.
Consideró que otra irregularidad en la que incurrió la Corte es volver a revisar la Ley de la Industria Eléctrica, que ya había sido analizada en acción de inconstitucionalidad y no alcanzó las dos terceras partes de los votos de los ministros.
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“Como no alcanzó, entonces, esa ley no pudo ser declarada inconstitucional. En consecuencia, es constitucional. Sucede que, por jurisprudencia, se han dado atribuciones a sí mismos, para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo, y revisan por segunda vez, otra vez, la constitucionalidad de una ley, un sólo juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado”, explicó.
Por su parte, la vice coordinadora de Morena, Aleida Alavéz, dijo que en consecuencia, acelerarán las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Amparo, y buscarán eliminar el voto de calidad, “tramposamente usado”.
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Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia Mañanera, aseguró que los ministros de la Corte “violaron sus propios procedimientos” al declarar inconstitucional la Ley Eléctrica.
“Recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad entonces aunque son dos votos deciden, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica, así de ese tipo”, dijo.
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Poder Judicial responde
Ante el embate de Morena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió la legalidad del voto del ministro Alberto Pérez Dayan.
La Corte defendió que el caso fue resuelto de conformidad con el artículo 56, primer párrafo de la Ley de Amparo, que rige estos procedimientos y establece que cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.
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Así sucedió, ya que el ministro Javier Laynez Potisek se excusó de conocer de este asunto, toda vez que participar en su discusión retrasaría su resolución, derivado de una solicitud de impedimento que presentó el día anterior la Secretaría de Energía del Gobierno Federal (Sener), para que el ministro no conociera de éste y otro amparo en revisión similar.
La SCJN detalló que esa situación generó que la votación resultara en empate y, con ello, fuera necesario ejercer voto de calidad por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala, como lo faculta la Ley de Amparo, en el artículo 56.
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La solicitud del ministro Laynez de no participar en la resolución de este asunto estuvo encaminada a evitar un nuevo retraso en la resolución del caso, ya que con anterioridad la misma autoridad había presentado diversas solicitudes de impedimento.
La SCJN indicó que la votación del 31 de enero pasado encuentra precedente en el amparo directo en revisión 5102/2021, resuelto en la sesión de Segunda Sala el 29 de junio de 2022, en el que se declaró legal el impedimento del ministro Luis María Aguilar Morales para conocer de un asunto, con el voto de calidad de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien en ese momento era presidenta de la Segunda Sala.