Foto: AFP / La candidata a jueza de la Suprema Corte en EU, Ketanji Brown Jackson; Cristiana Chamorro, excandidata presidencial en Nicaragua, condenada a ocho años  

Los tres poderes de un gobierno deben guardar distancia e independencia uno de otro, sin embargo, con al menos cuatro ejemplos actuales se puede ver que no siempre se cumple la regla, ya sea que hablemos de democracias maduras o defectuosas. Y es que a veces el Poder Judicial se somete al Ejecutivo con fines… al menos polémicos.

El primer caso quizá no sorprenda tanto tras años de práctica. La periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro (68 años), fue condenada esta semana por un tribunal a ocho años de prisión. Los delitos: lavado de dinero y apropiación indebida.

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¿Cómo?, según la Fiscalía, a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una ONG que lleva el nombre de la expresidenta de Nicaragua (1990-1997) y madre de Cristiana… dedicada a promover la libertad de prensa y de expresión.

El segundo caso también sabe a bocado conocido, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Cuba evitar “juicios injustos” contra quienes participaron en las protestas del 11 de julio pasado, pues temen que se les apliquen penas de hasta 30 años.

La CIDH, órgano de la OEA, lamentó la primera condena de 128 personas que participaron en el “11J” con penas de entre cuatro y 30 años de prisión, dadas a conocer el 16 de marzo.

En el otro extremo, Estados Unidos pone el (mal) ejemplo como la primera democracia moderna, al facilitar desde el Senado la llegada a la Suprema Corte de la primera mujer negra, una promesa de campaña de Joe Biden que no le cae nada mal en tiempos de guerra en Europa.

Según una encuesta de Politico-Morning, 47% de los estadounidenses quiere que Ketanji Brown Jackson sea confirmada en el cargo y solo el 19% se opone.

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En el último caso, la inminente liberación del octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori -tras restituirle un indulto presidencial-, fue calificado de un “retroceso inaceptable” para la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno, según un grupo de expertos de la ONU.

El Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus y restituyó el indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 que había sido anulado por la justicia peruana 10 meses después.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿JUSTICIA?

Desmantelan ONG
que protegía memoria

El Tribunal Supremo de Rusia rechazó el martes un pedido de suspensión de la disolución de la ONG Memorial, lo que confirmó el desmantelamiento de este pilar de la sociedad civil rusa. La justicia rusa se pronunció en diciembre sobre la disolución de la organización de defensa de los Derechos Humanos y custodio de la memoria de millones de víctimas de crímenes de la Unión Soviética. Un veredicto que había sido confirmado el 28 de febrero.

 

Navalni, condenado a 9 años

Una jueza rusa condenó ayer a Alexéi Navalni a nueve años de internamiento en una colonia penitenciaria de “régimen estricto”, intensificando la presión contra el principal opositor del Kremlin, y en plena ofensiva rusa de Ucrania.

En paralelo, el gobierno ruso está reforzando su arsenal jurídico para reprimir cualquier crítica al gobierno. El último ejemplo es la aprobación este martes de una ley que prevé importantes sanciones para castigar la “información engañosa” sobre las acciones de las instituciones rusas en el extranjero.

La condena a nueve años del opositor anula y sustituye los dos años y medio que ya estaba cumpliendo e incluye el año ya cumplido.

Estados Unidos condenó esta última sentencia, afirmando que busca “acallar” las voces disidentes en Rusia y “ocultar” la guerra en Ucrania.

 

LEG