Va una anécdota que en alguna ocasión, hace años, contó el entrañable periodista y ex director de La Jornada, Carlos Payán Velver.
Le tocó vivirla cuando fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con Jorge Carpizo McGregor al frente, nuestro añorado primer ombudsman.
Había ocurrido por aquellas fechas (7 de noviembre de 1991) un enfrentamiento entre agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría General de la República (PGR) y miembros del Ejército mexicano en un paraje llamado El Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz.
El caso echaba chispas por donde se le mirase, pues el choque entre ambos grupos ocurrió cuando un avión de la PGR, con diez agentes de la Judicial, en persecución de una avioneta con droga, aterrizó tras ésta en una pista clandestina y fueron recibidos a tiros por elementos del Ejército que se encontraban cerca de la pista.
El caso fue sonoro no sólo por el hecho en sí, sino porque, además, siete judiciales resultaron muertos y un soldado herido.
En el evento, según los informes oficiales, se decomisaron 370 kilos de cocaína. Y curiosamente, en medio de semejante enfrentamiento, los narcotraficantes lograron huir.
Los primeros comunicados de entonces —tanto de la PGR como de la Sedena— hablaron de una “confusión”.
Pero a nadie convencieron. Había demasiadas preguntas y cabos sueltos en lo sucedido.
Las presiones para evitar el señalamiento al Ejército no se hicieron esperar. No sólo de los militares, sino de la mismísima Presidencia de la República.
La entonces recién creada CNDH —apenas llevaba un año y meses en funciones—, enfrentaba su prueba más difícil. De vida o muerte, diríase, pues ahí se vería si realmente era un órgano autónomo o no.
Así la situación, y llegó el momento de tomar una decisión.
El doctor Carpizo se reunió con los integrantes de su Consejo (siempre compartió las decisiones con ellos) y, angustiado, les expuso la difícil situación en que se encontraban y planteó: “¿Renuncio o me pronuncio?”.
El Consejo se armó de valor, apoyó a su presidente y la CNDH emitió una recomendación al Ejército que, para sorpresa de muchos, fue aceptada por el secretario de la Defensa Nacional.
El episodio del Llano de la víbora, empero, llevó a Carpizo a incluir en la Ley Orgánica de la CNDH, algo que permitiera al presidente de la CNDH y a la Comisión misma salir de un aprieto tan grave que pusiera en peligro su credibilidad.
Es el artículo 35 que a la letra dice: La Comisión Nacional, por conducto de su presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución.
Viene a cuento esta historia por el extraño comportamiento de la CNDH con el caso Ayotzinapa.
Porque a diferencia de las tres investigaciones por violaciones graves que antecedieron a Iguala —todas resueltas en menos de tres meses y medio—, la de los 43 normalistas desaparecidos lleva ya 17 meses sin ser resuelta.
Y eso que el 18 de diciembre de 2014 la CNDH creó una oficina especial encargada del caso Iguala, a cuyo frente quedó José Trinidad Larrieta Carrasco, ex titular de la Subprocuraduría en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la PGR.
Entonces, la pregunta es: ¿está pensando Luis Raúl González Pérez en que la CNDH decline su competencia en el caso Ayotzinapa porque ve en riesgo la autonomía de la institución?
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GEMAS: Obsequio de la Procuraduría General de la República: se inició ya el proceso para un tercer peritaje sobre el “evento de fuego” en el basurero de Cocula, cuya conclusión deberá ser entregada antes del 31 de marzo.