Huellas físicas de la tortura infringida por militares y agentes ministeriales, informes oficiales que confirman una detención irregular, fotografías de la casa allanada y saqueada sin orden judicial, la narración detallada de los abusos por parte de la víctima, fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no pasó nada.
Sin emitir una queja, mucho menos una recomendación, a finales de 2013 la Comisión dio carpetazo a un expediente en el que estaban asentadas evidencias de irregularidades cometidas en la detención del abogado Gerardo Ortega Maya, exonerado hace unos meses de los cargos de nexos con el crimen organizado.
Ayer 24 HORAS publicó la evidencia relacionada con la operación de un comando militar extrajudicial que junto con agentes de PGR detuvieron a Ortega y saquearon sin orden de cateo su domicilio.
Por esta situación y otras irregularidades la defensa de Ortega Maya presentó una denuncia ante la CNDH en mayo de 2012, que quedó asentada en el expediente CNDH/1/2012/4681/Q a cargo de la Primera Visitaduría General.
Tras más de un año de investigación, la CNDH concluyó que existieron condiciones anómalas, pero terminó enviando a las víctimas a dar seguimiento del caso con las instancias responsables de haber cometido las presuntas violaciones a derechos humanos.
Abusos…
En la narración de su detención, hecha ante peritos psicólogos de la CNDH como parte del procedimiento conocido como “Protocolo de Estambul”, para determinar si una persona sufrió tortura, Ortega Maya describe varios abusos del personal de la PGR y de un contingente militar el 4 de mayo de 2012.
Además de las irregularidades en la detención, que incluyeron el saqueo de su domicilio e intervención de un comando militar del que según Sedena no hay registro, Ortega destaca que antes de ser llevado al Ministerio Público fue trasladado a otro sitio donde fue torturado.
Describe maltratos como haberle vendado el rostro con cinta adhesiva, golpes en los oídos, música a todo volumen, el obligarle a tomar agua, toques eléctricos, cortadas en las piernas, y múltiples amenazas que incluían advertirle sobre la posible muerte de su hijo con el audio de un niño llorando.
Ortega narra que sus captores señalaron que todo era por “órdenes de su general Galván (entonces titular de la Sedena)”. Dijo que los maltratos terminaron cuando otra persona se molestó por los cortes que le hacían en las piernas, ya que dicha situación si dejaba evidencia.
La evaluación física hecha a Ortega, firmada por la perito de la CNDH Maricruz Martínez con cédula 4336161, establece en su conclusión que “sí hay huellas de lesiones recientes externas visibles”. Incluso se muestra una fotografía de las piernas de Ortega Maya con las marcas de las cortadas que le infringieron.
Al archivo con amenazas
El 14 de noviembre del 2013 el primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, detalló en un oficio dirigido a Karina Ortega, hermana de Gerardo Ortega, los resultados de la investigación en los que reconoce irregularidades, pero termina descartando la tortura y da por cerrado el caso.
Señala que hubo huellas de “lesiones”, pero éstas son de las que tardan en sanar menos de 15 días y agrega que “no se observaron síntomas psicológicos adversos provocados por los actos de detención, traslado y declaración que evidenciaran que el agraviado estuvo expuesto a una situación traumática”.
Incluso se apoya en un dictamen realizado por peritos de PGR (dependencia acusada por las víctimas) que establece que no hay huellas de tortura.
Al continuar con la descripción subraya que existe evidencia de una detención ilegal, pero recuerda que ya hay una investigación abierta en PGR y en Sedena (que en realidad fue promovida por las víctimas).
El oficio termina señalando que se dio vista a PGR sobre las lesiones que presenta Ortega y al Ejército sobre el mismo tema y la participación irregular de militares, y les sugiere a las víctimas que “en vías de orientación” acudan a esas instancias para dar seguimiento.
En entrevista, Karina Ortega acusó a la CNDH de “encubrir” lo que consideró “un caso claro de abusos y tortura”, y dijo que incluso fue amenazada por el propio organismo.
“De la CNDH no obtuvimos nada. El licenciado José Hernández Torres (visitador adjunto en 1ra Visitaduría) me amenazó con denunciarme en PGR, porque les dije que estaban encubriendo todo (…) Y para colmo nunca me entregaron la conclusión. Me enteré de lo que habían hecho cuando lo vi en el expediente de una nueva averiguación iniciada en PGR.
