Las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones ya están pactadas en la Cámara de Diputados con un proyecto ya construido, denunció ayer el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta.

 

El líder perredista aseguró que en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por su compañero de partido, Silvano Aureoles, ya hubo una reunión para que se envíen como iniciativas preferentes desde la Presidencia de la República las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones, con lo que serían los diputados quienes las analizarían como cámara de origen, en tanto que el Ejecutivo enviaría a la Cámara alta, sin estatus de preferente, la reforma en materia político electoral.

 

“Parece que fue hasta una charla que se tuvo ayer en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que ya tienen la certeza que las leyes secundarias en telecomunicaciones y energética irán como iniciativas preferentes a la de Diputados”, aseguró el líder del PRD en el Senado durante una conferencia de prensa.

 

Barbosa Huerta criticó estas acciones, ya que consideró que este tipo de circunstancias son “anómalas, en donde se quieren ver los cambios energéticos como una mera cuestión de ingresos y egresos, ya no debe darse en el México de hoy ni mucho menos en el Congreso”.

 

“Recuerden el proceso, 30 días en Cámara de origen y 30 días en la revisora. Ese es el planteamiento que traen. Cómo temas tan profundos, tan complejos, los quieren desahogar en plazos breves, porque los proyectos ya están construidos y quieren ponerlos desde las mayoría de 50% más uno”, demandó el Senador poblano.

 

Agregó que esta orientación de discutir las de telecomunicaciones y energéticas en la Cámara de Diputados, obedece a que “tienen  un cálculo de más comodidad del proceso legislativo”.

 

El coordinador perredista destacó que los 22 senadores que conforman el grupo parlamentario del PRD sí participará directamente en la conformación de las leyes secundarias tanto en energía como en telecomunicaciones, con el objetivo “de evitar que haya nuevos y mayores daños a la sociedad con su patrimonio y renta petrolera”.