La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en las últimas horas ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Pablo Salazar Mendiguchía, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en agravio de Arturo López Martínez.

 

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador ante el Juez Penal de Distrito, con sede en Chiapa de Corzo, revelan que en su carácter de gobernador, Salazar Mendiguchía, ordenó al entonces procurador, Mariano Herrán Salvatti la fabricación de averiguaciones previas contra diversos ex servidores públicos de la administración anterior.

 

En un comunicado, la dependencia indicó que la detención de López Martínez se produjo basada en una auditoría de la Contraloría del Estado realizada al fideicomiso 1961 denominado “Para el apoyo en la reconstrucción de los municipios del estado de Chiapas afectados por las lluvias del mes de septiembre de 1998”.

 

En este sentido, sobresale la declaración ministerial de Herrán Salvatti, quien reveló que por indicaciones de Salazar Mendiguchía se iniciaron diversas averiguaciones previas en contra de personajes que habrían participado en la administración del ex gobernador Roberto Albores Guillén.

 

“Ya que éste y sus colaboradores habían obstaculizado su campaña política, entre quienes se encontraban López Martínez -quien fungiera como director de la Comisión Estatal de Caminos durante la administración de Albores Guillén- y Librado de la Torre González”, otro ex funcionario que también estuvo preso.

 

Por ello, dijo, “al notificarle a Pablo Salazar Mendiguchía, me ordenó que con amparo o sin amparo ejecutara la orden de aprehensión, ordenándome nuevamente iniciar cuantas averiguaciones previas fueran necesarias en contra de López Martínez y otros ex funcionarios que laboraron durante la administración de Albores Guillén”.

 

A pesar de contar con la protección de la justicia federal, el 14 de mayo de 2001, López Martínez fue detenido en la Ciudad de México por los delitos de fraude, ejercicio indebido de funciones públicas y asociación delictuosa.

 

Durante el tiempo en que permaneció detenido, a López Martínez le fueron instruidos 11 procesos penales en su contra, luego de los cuales recuperó su libertad al obtener el amparo definitivo que exhibía una serie de vicios en dichos expedientes.

 

De esta forma, puntualizó la PGJE, las pruebas ministeriales constatan que al excederse en el ejercicio de sus funciones Salazar Mendiguchía produjo un daño irreparable en agravio de López Martínez, toda vez que con estos reprobables hechos se le privó de la libertad, violando de manera flagrante sus derechos humanos.