En el país sudamericano, a cargo del presidente Nicolás Maduro, crece la presión internacional por la falta de fecha para las elecciones presidenciales y la suspensión de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, mientras Venezuela mantiene un conflicto centenario con Guyana por el Esequibo.
Aunque las negociaciones entre el chavismo gobernante y la oposición comenzaron en agosto de 2021 con la firma en Ciudad de México de un acuerdo, el último pacto que incluye el compromiso de realizar la elección presidencial en el segundo semestre con observación europea se suscribió en Barbados en octubre de 2023.
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A pesar del acuerdo, la presión creció tras la inhabilitación por 15 años de la opositora María Corina Machado por parte del Tribunal Superior de Justicia, fallo ratificado el 6 de enero.
La incertidumbre es clara porque en esta negociación, las presidenciales aún no tienen fecha fija y sólo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad de convocarlas, hecho que tampoco tiene claridad que avance en el país.
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GUYANA
Hace sólo un par de días, el mandatario venezolano reafirmó que el gigante estadounidense ExxonMobil no entrará en las costas del Esequibo, aunque después recibió a Richard Van West-Charles, quien entregó sus cartas credenciales como embajador designado de la República Cooperativa de Guyana ante la República Bolivariana de Venezuela. “El diálogo, la conversación sincera, la concordia y la Paz es el camino de nuestros pueblos”, aseguró a través de X.
“Sigue creyéndolo ¿oíste ExxonMobil?, sigue creyéndolo, nosotros estamos aquí, aquí te esperamos ExxonMobil, cuando quieras y donde quieras, pero a ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil, deben saberlo”, indicó Maduro después de que la petrolera anunciara que planea perforar dos nuevos pozos en la región que Caracas reclama a Guyana, que dio previamente su aval a la empresa en un contrato que sigue vigente.
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DERECHOS HUMANOS
No satisfechos con la presión internacional por las elecciones y el conflicto con Guyana, Maduro acusó de “espionaje” y “conspiración” a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que operó en el país hasta la semana pasada, cuando el gobierno suspendió sus actividades y expulsó al personal.
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Venezuela suspendió las actividades de la agencia instalada en 2019, en una medida que siguió a declaraciones del organismo sobre el arresto de la activista Rocío San Miguel acusada de “terrorismo”.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también fue arrestada pero quedó en libertad condicional. Sus dos hermanos y el padre de su hija fueron igualmente detenidos y luego excarcelados.
La detención causó preocupación en la oficina del Alto Comisionado, así como en Estados Unidos y la Unión Europea.