Para todo fin práctico, el Presidente, luego de adelgazar las culpas del Ejército en el caso de los 43 de Ayotzinapa, y ante pregunta expresa por un aniversario más del 2 de octubre, lo exculpó, ya sin matices, de la represión durante el 68.

El argumento que sacó de la chistera no es nuevo, ni en México ni en parte alguna: obedecían órdenes. Vaya, que la culpa fue de los civiles a cargo del changarro, igual que los civiles fueron culpables de que este país fuera una catástrofe, de ahí que –inéditamente, es necesario subrayarlo– haya optado por encargarles –va de nuevo la perorata, pero esto hay que subrayarlo también– construir y administrar aeropuertos o trenes, armar carreteras, ver por las aduanas, distribuir medicinas y libros de texto o poner vacunas y custodiar a los candidatos a puestos de elección en un país en llamas, sin mencionar, claro, su responsabilidad –esa sí, no nueva, pero reconfirmada jurídicamente–, en los asuntos de seguridad.

Bien, el Presidente, más allá de consideraciones en torno a la salud democrática o la ética, se metió en camisa de 11 varas, por dos razones. Una es que su idea de pasar a la historia como el gran constructor puede quedar en entredicho. Como se ha repetido, el último de ellos Juan Ignacio Zavala en su columna, si algo distingue al equipo presidencial es su prodigiosa incompetencia, en una escala que tampoco tiene precedentes, lo que ya es decir.

De ahí, en parte, su decisión de encargarle la chamba a los uniformados, que, bueno, tampoco es que nos hayan entregado resultados impecables. Ni, hay que decirlo, tendrían por qué. Son militares. A eso se dedican y a eso deben dedicarse, no a construir y administrar.

La segunda razón es que nuestras fuerzas armadas, en este sexenio y en los anteriores, acumulan una muy importante cantidad de acusaciones por violación de los derechos humanos, número que empeora con el gran invento del Presidente, la Guardia Nacional, que ya sabemos bajo qué mando está.

No se trata de estigmatizar al Ejército, que enfrenta una tarea terrible en su lucha contra el crimen organizado, ni de negar sus aportaciones positivas a la vida pública.

De lo que se trata es de entender que las ejecuciones sin juicio, las torturas, los excesos en el uso de la fuerza, ahí están, como están las evidencias de corrupción o pasividad ante los criminales de la Guardia Nacional, y que esa acumulación de señalamientos conduce, sin remedio, a la pregunta que nadie quiere contestar: hoy, ¿quién da las órdenes?

 

     @juliopatan09