En el último mes, la investigación y operativos contra los talamontes en la capital nacional y en las entidades rurales colindantes han demostrado contundentes resultados: clausura de 32 madererías y desmantelamiento de 28 aserraderos clandestinos donde había equipo y vehículos para cortar y trasladar madera.

Además, se evidencia: 1) se puede combatir exitosamente la economía delincuencial si existe coordinación firme y sistemática, y 2) no se irán sin reaccionar, lo cual implica mantener la presión y el seguimiento de los responsables de la depredación contra la naturaleza.

Amantes de la naturaleza, de un sentido de orden, de una relación robusta entre el derecho positivo y la realidad, ven con simpatía la disposición del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, para asegurar como él dice que “no se cederá ni un milímetro de suelo de conservación a los talamontes”.

Y entre ellos destaca el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien hizo un reconocimiento positivo al respecto de este esfuerzo convergente que ha involucrado a la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina y a diversas instancias del gobierno de la CDMX y del gobierno de Morelos.

Y hay un segmento de la comunidad, por ejemplo, en la zona que abarca desde San Miguel Topilejo hasta Huitzilac, de personas molestas contra los talamontes y otro que se ha aprovechado de la indefensión de la misma comunidad.

Derriban árboles nocturnamente, limpian las ramas y las dejan en el punto. En el día, regresan por los troncos y los suben a camiones. Estimaciones de las autoridades indican afectación nacional hasta por 25 veces la extensión del Bosque de Chapultepec.

Un abandono del quehacer institucional que, por iniciativa de Claudia Sheinbaum y continuado por Batres Guadarrama, ha sido enfrentado operativa y legislativamente. Fui yo mismo al primer encuentro en el Ajusco con vecinos, militares, policía, poco antes de la pandemia que suspendió un primer empuje contra los talamontes. Las acciones policiales son acompañadas por propuestas de reforma al Código Penal de la CDMX para dotar de instrumentos a las autoridades.

La Secretaría de Gobierno, encabezada por Ricardo Ruiz, envió al Congreso una iniciativa para sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación, así como a quienes comercialicen y distribuyan madera aserrada de forma ilegal.

Se tenían detectados 20 grupos dedicados a la tala clandestina en 2019, ahora son menos de cinco. Han respondido de manera violenta y han bloqueado caminos.

Hay que comparar qué pasa en otras entidades. También en el combate a los feminicidios y a la posibilidad de favorecer la impunidad con inacción institucional. En ese contexto se sitúa la reciente detención y vinculación a proceso del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por obstrucción de justicia en el caso del asesinato de la joven Ariadna Fernanda.

Voluntad y poder.

@guerrerochipres