Como parte de los esfuerzos para visibilizar la violencia política que sufren algunas mujeres, en el Congreso de la Ciudad de México inició el Foro “3 de 3 #NigúnAgresorEnElPoder”, con el cual se busca impulsar la iniciativa del mismo nombre, propuesta por la coordinadora morenista, Martha Ávila.
Desde el salón Herberto Castillo del recinto legislativo, la coordinadora de los diputados morenistas señaló que la propuesta 3 de 3 contra la violencia busca erradicar décadas de desigualdad del entorno político del país, pues quedan muchos espacios por despatriarcalizar, resaltó.
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“Se trata de una iniciativa que ha sido impulsada por diversas colectivas de la sociedad civil. En primer lugar, propuesta por las Constituyentes MX, Patricia Olamendi e Yndira, que tiene como propósito abonar en la lucha contra la violencia de género”, expuso.
Asimismo, indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones del Hogar del 2021, se estima que en la capital el 76.2% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y 46.1% lo ha experimentado en los últimos meses.
En su turno, la también diputada de Morena Ana Francis López comentó que en este foro se abordarán las propuestas de iniciativas para la lucha contra la violencia de género.
“Entre nuestros mismos compañeros de los tres poderes, las cosas vayan a dar al último archivero, muchas veces por propia voluntad, muchas veces por una conciencia de ‘la señora está exagerando”, dijo.
Por otro lado, la diputada de Morena Marcela Fuente pidió al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), elaborar un protocolo de prevención y atención en beneficio de la comunidad metropolitana.
Explicó que es necesario poner atención a la violencia con razón de género que se vive en las universidades como la UAM, que desde el pasado 10 de marzo se encuentra en paro por la denuncia de la presunta violación de una alumna, y al que se han unido los planteles Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma, y Xochimilco por solidaridad y en “demanda de espacios seguros para las alumnas”.
Asimismo, plantea privilegiar la obligación constitucional de las instituciones de educación superior de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias por razones de género, con apego irrestricto al derecho de las estudiantes a convivir en espacios educativos libres de violencia.
LEG