El presidente Andrés Manuel López Obrador bateó de hit la bola que le pusieron sus incondicionales en San Lázaro.
Por convicción o por los oscuros antecedentes de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández, que propuso incrementar las multas por “injuriar’’ al Presidente, López Obrador dijo que vetaría la reforma a la Ley de Imprenta si ésta se aprobaba en el Congreso.
Su amenaza de veto fue orden y ni tardo ni perezoso el pasante -porque ya dijo que eso de titularse era una burla- Ignacio Mier, líder de la grey morenista en la Cámara de Diputados, dijo que el bodrio no sería llevado al Pleno, aunque ya había sido aprobado en Comisiones por Morena, sus rémoras y un voto del MC.
Hizo bien el Presidente en desligarse de esa iniciativa la cual, dijo, “no necesito’’.
Por supuesto que no la necesita.
No solo porque sería imposible, auténticamente imposible, llevar ante un juez a un ciudadano por “injurias’’ a los políticos o militares.
Además, la ley se aplicaría también de allá para acá, es decir, que los políticos y militares no injuriaran al pueblo o a personas y personajes en específico.
¿A poco se aplicaría dicha ley a Gerardo Fernández Noroña, que no deja de llamar borracho al expresidente Felipe Calderón sin más pruebas que lo dicho por un reportero, ahora simpatizante de López Obrador?
¿O sancionarían a los diputados de oposición por llamarlo “changoleón’’?
Arreglada o no, esa jugada fue bien resuelta por el Presidente.
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Entre los muchos temas pendientes en la agenda del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no deberá perder de vista lo que sucede en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), que dirige Edgar Bonilla Del Ángel.
En el Instituto continúan las quejas e inconformidades internas en contra del vocal Jaime Alejandro Gutiérrez, recientemente ratificado.
Las quejas ocurren por el favoritismo exhibido por Bonilla en los nombramientos de conciliadores y síndicos (por cierto, muy bien remunerados), al designar a sus cuates, entre ellos Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, José Gerardo Badín Cherit y Enrique Estrella Menéndez, cuando existen otros funcionarios con más experiencia que ayudarían al Ifecom a cumplir mejor con sus funciones.
Sabemos que en la Corte está en el centro de la atención pública por el tema de la mal llamada reforma electoral o llamado Plan B, que seguramente estudiará en breve, pero la ministra Piña no puede obviar lo que ocurre en el Ifecom.
A ver.
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Parece ser que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo el milagro de destrabar en el Senado el nombramiento de 44 magistrados electorales, que ha estado congelado por meses.
Moreno se reunió con Ricardo Monreal para tratar el tema; ahí se habría acordado una ruta para darle salida a esos nombramientos, unos de tantos detenidos en el Senado por quién sabe cuáles extrañas razones.
Si es así, que bueno, pero la pregunta es ¿por qué dicho tema no lo pudo destrabar el coordinador de los senadores del tricolor Miguel Osorio Chong, a quien corresponden las negociaciones en la Cámara alta?
Osorio es uno de los senadores que menos hace uso de la tribuna y, aunque en el papel el hidalguense es el coordinador parlamentario, quien asume esa tarea realmente es el guerrerense Manuel Añorve Baños, encargado generalmente de fijar las posiciones de su fracción parlamentaria.
Ya hubo un acuerdo entre Moreno y Osorio, pero a los senadores priistas no les hace gracia que su coordinador aparezca y desaparezca intempestivamente.
LEG