El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que propondrá una reforma para modificar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer responsabilidades legales contra las autoridades locales que contraten criminales para ocupar espacios en sus unidades de Policía, y de esta forma evitar que delincuentes asuman cargos públicos.
“Vamos a aprobar supuestos legales que sean constitutivos donde se describan conductas constitutivas de delitos(…) quienes contraten como integrantes de las policías de los sistemas de seguridad pública a delincuentes –no el examen de control y confianza porque un delincuente puede pasar el examen si sabe fingir– pero no se puede contratar a un delincuente a sabiendas de que lo es”, declaró.
Lo anterior lo expuso luego de que se diera a conocer que uno de los dos policías de Chignahuapan que fueron ejecutados el pasado viernes en la comunidad de El Paredón, contaba con una orden de aprehensión por homicidio y fungía como titular de la seguridad pública del municipio.
En ese sentido, Barbosa Huerta destacó la importancia de reformar dicha ley, pues con las modificaciones el ingreso a las corporaciones de seguridad sería más riguroso.
SIGUEN CLAUSURAS _VS._ EMPRESAS CONTAMINANTES
Los empresarios textiles continúan sin mostrar interés y ganas de comprometerse para terminar con la contaminación en ríos, enfatizó el gobernador Barbosa, al reiterar que continuarán las clausuras a empresas que actúen de esta forma.
Puntualizó que no se ha concretado el convenio con las empresas que integran la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala (Citex) para que regulen sus descargas al río Atoyac.
En este sentido, el mandatario estatal lamentó la dilación de este sector para firmar el convenio con las secretarias de Medio Ambiente y Economía, como se instruyó desde hace un par de semanas y a iniciativa del gremio textil, pues son al menos tres semanas desde que dicho sector hizo el compromiso de reunirse con las dependencias y a la fecha no hay algo concreto.
Dijo que no esperará más tiempo para que los empresarios decidan establecer un acuerdo.
LEG