A pesar del escándalo por un presunto desfalco a las finanzas públicas de hasta 9 mil millones de pesos que derivó ya en cateos, órdenes de aprehensión, citatorios ante la autoridad y un despliegue interdisciplinario de las instituciones del Estado, en Seguridad Alimentaria Mexicana no aprendieron la lección e hicieron una asignación directa que llama la atención.

Apenas pasaron cinco meses con un nuevo director y en Segalmex se animaron a hacer una compra de adjudicación directa por un monto superior al arriba señalado; lo anterior a un solo proveedor que, según su acta constitutiva, es una pequeña empresa cuyos accionistas fueron además beneficiarios del supuesto saqueo a la Hacienda del municipio de Zitácuaro, Michoacán, por allá de 2001.

Se trata de la razón social JABONERA LA ESPUMA, SA DE CV, a la que la dependencia que encabezó Ignacio Ovalle, ahora bajo el mando de Leonel Cota Montaño, le compró, sin concurso, análisis de mercado o licitación de por medio, 10 mil millones de pesos en blanqueadores, como parte del Programa de Abasto Rural para las 25 mil tiendas Diconsa; esto según se confirma en el Contrato 2831781 firmado el 8 de agosto del presente.

Hasta el año pasado, JABONERA LA ESPUMA no había conseguido contratos en la administración pública que rebasaran los 4 millones de pesos; de hecho, el convenio de mayor valor que tenía la empresa se lo dio Diconsa, también en adjudicación directa, en febrero de 2008, cuando según el expediente OCDS-0UD2Q6-GAN0705/08 le vendió 3.8 millones de pesos en “Perfumería y artículos de limpieza”.

De acuerdo con el acta constitutiva 4101, la citada compañía fue creada precisamente en Zitácuaro por Manuel Ambriz Domínguez, Angelina Domínguez Arizmendi, María de los Ángeles Ambriz Domínguez, María del Carmen Domínguez Arizmendi y Elvira Domínguez Arizmendi, con el objeto social de “producción de jabón corriente”.

Todos ellos pertenecen a una familia de abolengo que ha acompañado por años las administraciones del mencionado municipio, incluso señalados como parte de la red de empresas familiares que, según la revisión de la Auditoría Superior de Michoacán, fueron destinatarias de 32 millones de pesos en la administración del edil priista Armando Ruiz Santana, predecesor en el encargo de otro cercano a estos empresarios, Silvano Aureoles Conejo.

Según las irregularidades detectadas en ese entonces, con recursos del municipio el entonces presidente municipal de Zitácuaro favoreció negocios propios y de su esposa, María de Lourdes Ambriz Domínguez. A detalle, en aquella administración se compraron materiales de construcción, despensas, papelería, combustible y neumáticos a seis compañías propiedad de la también titular del DIF y sus familiares, de apellidos Ambriz Domínguez y Domínguez Arizmendi.

No extraña pues que con la llegada a Segalmex de un exgobernador priista y luego perredista, como Leonel Cota, se haya autorizado contratar a una pequeña empresa que se antoja muy conocida entre sus cercanos; lo que sí asombra es que haya tenido el valor de adjudicarle en un solo contrato una suma mayor a la que se le observó a Ignacio Ovalle en cuatro años al frente del organismo.

 

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El castigo del pueblo

Dicen que más que las autoridades, lo que en verdad le preocupa al expresidente Enrique Peña Nieto, y por eso no viene a México, es la reacción de la gente.

 

    @chimalhuacano