Ni las autoridades federales, ni las estatales y menos las municipales han tomado las riendas para atender el problema de la migración en Tijuana, Baja California, en donde la alcaldesa Montserrat Caballero está más preocupada por apoyar a su mentor, el exgobernador Jaime Bonilla, y en promocionar su imagen en un intento por reelegirse.

Justo cuando se requieren recursos para atender a familias enteras de migrantes o a cientos de niños no acompañados, cuyos padres murieron en el intento de cruzar a Estados Unidos o se extraviaron en el camino, comienza a cerrarse un cerco vigilante por el presunto manejo irregular de recursos públicos del ayuntamiento.

Las autoridades del Gobierno de Baja California, ahora bajo el mando de Marina del Pilar Ávila, tienen en el radar una erogación superior a los 46 millones de pesos para la promoción de la alcaldesa tijuanense, una de los pocos personajes cercanos a Bonilla Valdez que quedan en la administración pública en la entidad.

Asimismo, en el Cabildo municipal preparan una revisión a los entregables de dos diferentes contratos asignados mediante adjudicaciones directas a portales informativos, uno de ellos creado apenas el año pasado, que en total alcanzan los 7 millones de pesos para ejercerse en ocho meses, de abril a diciembre del presente.

El primero de los convenios que observarán los regidores de Tijuana alcanza un valor de 4 millones de pesos, otorgado al sitio TJ Comunica, representado por Víctor Lagunas Peñaloza, hijo de la exdiputada local del PAN, Alfa Peñaloza Valdez, identificada como parte de los legisladores que aprobaron la famosa “Ley Bonilla”, con la que se quiso modificar la Constitución para permitir al entonces gobernador permanecer en el encargo por cinco años, y no por dos como correspondía el periodo para el que fue electo.

La morenista, que tomó protesta apenas en septiembre del 2021, ha destinado más recursos a la promoción de su gestión que a tareas de bacheo o reencarpetado, mismas en las que se ha invertido apenas unos 20 millones; además, la bolsa es superior a los 40 millones de pesos que el Gobierno federal estima para la manutención anual de cada centro migrante, con poblaciones de entre 200 a 300 personas.

El tema alcanza las dimensiones de escándalo tomando en cuenta el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos que impiden que los migrantes crucen la frontera, por lo que permanecen varados en el paso más peligroso del país, donde tan solo el año pasado se registraron mil 238 muertes.

Las pesquisas se han acelerado en días recientes, de cara al citatorio que Bonilla tiene en la Fiscalía General de Baja California, y al que pretendía llegar con la protección del fuero que le brindaba la Cámara Alta.

 

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Preparan citatorio

Al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se le vio muy sonriente en la Guelaguetza en Oaxaca, mientras en la Fiscalía Especial para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa preparan los citatorios para varios personajes en cuya lista se encuentra, por cierto, el exsecretario peñista.

 

@chimalhuacano