La materialización de los beneficios para México ante la nacionalización del litio se ven difíciles y no se reflejarán en el corto plazo, advirtieron expertos en materia energética y jurídica.
“La veo problemática porque finalmente pone al Estado mexicano en un terreno que no conoce, el Estado no ha explorado ni ha explotado ni ha aprovechado el litio; entonces, pensar que se va a hacer desde cero ahora por esta nueva reforma, me parece que puede ser una carta de buenas intenciones, pero queda la duda de cómo materializarlo”, refirió Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO.
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Consideró que la iniciativa enviada por el Presidente, no es clara en su alcance real, “el hecho de que incluya todas las cadenas de valor económico del litio genera un problema de incertidumbre porque, ¿hasta dónde alcanzan esas cadenas de valor?, hasta armar baterías… y si ese es el caso, quién sí va a poder armar baterías ¿sólo el Estado?”
El experto del IMCO manifestó que si Pemex no ha podido entrar a las zonas no convencionales y tampoco entró sola al tema de aguas profundas y es una empresa petrolera de muchos años de existencia y con capacidades técnicas muy amplias, “¿cuál sería la expectativa que podríamos tener para que de manera rápida se pudiera aprovechar el litio?”.
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Ante la falta de un presupuesto para la creación del organismo descentralizado que regulará al litio, Carrillo dijo que habrá que estar pendientes de la asignación que se le haga en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023.
Un antecedente es la creación hace más de 40 años de Uranio Mexicano (Uramex), la cual monopolizó el uranio y torio; y desapareció debido a la falta de recursos.
LAGUNAS CONSTITUCIONALES
Para Alejandra López, académica de la Universidad Anáhuac y especialista en temas energéticos, lo que realmente se está buscando es “tener el control de la explotación por medio de un organismo público descentralizado, lo cual no garantiza su eficiencia ni tampoco su sustentabilidad, pues la actividad minera es potencialmente muy contaminante”.
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Señaló que actualmente, México no es un exportador importante de litio, pese a que Estados Unidos es uno de los mayores mercados para el mineral por el aumento en la demanda de baterías y que ha exportado mayores cantidades en años anteriores. Los mayores exportadores del mineral son Chile y Argentina.
En tanto, Mario Zapata, asesor parlamentario y constitucionalista, advirtió que jurídicamente las reformas a la Ley Minera son inconstitucionales, “porque el Estado se pretende atribuir una exclusividad no reconocida en la Constitución, además que el litio no está reconocido en el artículo 27 de la Constitución ni en el séptimo de la Ley General de Bienes Nacionales”.
Respecto a la fracción VII del artículo 2 por el que se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, el especialista jurídico dijo que, para hacer tal declaración, se debe seguir el procedimiento de la Ley de Expropiación.
“No puede declararse utilidad pública en un artículo, debe acreditarse y ser solicitada por la Secretaría del ramo correspondiente”, aclaró.
Al respecto, la Cámara Minera de México indicó que la restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como estratégico es una señal de incertidumbre para el país.
“(La nacionalización) puede impactar negativamente en la contribución que las empresas mineras responsables realizan para abonar a la reactivación económica tan necesaria para México”, indicó en un comunicado.
Y reiteró que no hay suficiente información disponible sobre las reservas de litio en México, y que se requieren fuertes inversiones para la exploración.
LEG