El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que endurece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. En la ley actual la pena máxima es de tres años.
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El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta, delito considerado como un “aborto calificado”.
“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”, dijo el diputado Armando Castillo del partido VIVA (derecha), uno de los impulsores de la norma.
“Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
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La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.
Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.
“Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el “estigma” y la “intolerancia” hacia las personas diversas y que “a todas luces es inconstitucional”.
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
“No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios”, afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
klcg