México alcanzará esta semana los 300,000 muertos por Covid-19, según las estadísticas que presenta a diario la Secretaría de Salud.

Ya se sabe que son cifras subestimadas porque el Registro Civil incluye a casi 160,000 mexicanos más en la estadística del horror.

El país sigue presentando una de las tasas de letalidad por Covid más altas en el mundo, 7.5 por cada 100 pacientes, contra la media mundial que es de 1.86 por cada cien pacientes contagiados.

El número de muertos durante la pandemia es casi cinco veces mayor a la “cifra catastrófica’’ de 60,000, proyectada por el subsecretario Hugo López-Gatell al inicio de la pandemia.

Trescientos mil muertos ejercen presiones que el Estado apenas puede sacar adelante.

El IMSS informó sobre la presión en sus finanzas que ejercen las pensiones por viudez o invalidez que deberán pagarse a los familiares de los fallecidos.

Lo mismo pasa en el ISSSTE y en algunas otras dependencias con sistema de pensiones propios, como las universidades.

No se tiene contabilizado el daño, pero suman miles de millones de pesos que el Gobierno no ha dicho de dónde sacará o si hay siquiera una previsión presupuestal para evitar manifestaciones masivas de inconformidad.

El Gobierno federal había anunciado un apoyo de 11,000 pesos para gastos funerarios a las familias que hubieran tenido la desventura de perder a uno de sus miembros por Covid.

El apoyo está desaparecido; murió por falta de recursos y por la tramitología que deben hacer los deudos.

El Gobierno federal cuenta para este año con la mayor bolsa de recursos que ninguna otra administración tuvo para programas sociales.

Pero por ningún lado se ve o se escucha que los familiares de los muertos por Covid tendrán (o tienen) becas para sus hijos hasta el nivel universitario, trabajo para las viudas, servicio médico asegurado.

Es obligación del Gobierno que entre sus detentes y ya tenemos dominada -desde abril del año antepasado- a la pandemia, el falso “aplanamiento de la curva’’ y muchas otras informaciones falsas y declaraciones superfluas, provocó que hoy el país esté como uno de los ejemplos de lo que no se debió hacer para combatir al Covid.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra las universidades que se han negado a restablecer las clases presenciales.

“Se pasaron’’, dijo.

El Presidente ha antepuesto su imagen pública a la prevención de nuevos contagios.

Simular normalidad cuando el país registró ayer más de 15,000 nuevos casos de Covid no es una buena estrategia, al menos para quienes no habitan en Palacio Nacional ni forman parte del círculo cercano al Presidente.

Nadie pide restricciones de movilidad, como ocurrió el año pasado, pero sí una campaña que alerte sobre los riesgos de contagios masivos que pueden paralizar sectores completos de la economía.

Todas las advertencias que expertos en salud pública han expresado para el Gobierno de la 4T son exageraciones que solo buscan infundir pánico entre los mexicanos.

Conste, lo mismo decían cuando comenzó la primera ola.

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Conforme avanzan las investigaciones de la Comisión creada en el Senado para atender las violaciones al estado de derecho, más suena el nombre del secretario de gobierno de la entidad, Eric Cisneros Burgos, como el poder tras el trono.

Cisneros es la mano que mece la cuna ante la incapacidad manifiesta de Cuitláhuac García, que ha cedido el poder a su segundo de abordo.

Claro, eso no exime de responsabilidad al gobernador, pero explica muchas decisiones políticas.

LEG