Los coordinadores parlamentarios de Va por México en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira Valdez del PRI, y Luis Espinosa Cházaro del PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La acción, indicaron a través de un comunicado, fue porque con el presupuestos aprobado por Morena y sus partidos aliados en la Cámara baja se transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma de 2011.
Este principio, explicaron, lo ha sostenido la SCJN y tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.
Los coordinadores señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad, establecida en la reforma del 2011.
Además, refirieron que el presupuesto como se aprobó transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos.
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Añadieron que existen varios programas que están destinados a la protección de los mexicanos en sus derechos, y agregaron que estos permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo, y la protección a la mujer.
Señalaron que el problema es que con este presupuesto de egresos se están afectando estos derechos y como ejemplo mencionaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios, mismos que sí se tenían con el seguro popular.
Otros de los programas que refirieron fue el de “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que, en sostuvieron, muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.
En educación acusaron que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Eso, sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, y “entre muchos otros”.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también los consideraron regresivo.
Así, señalaron las bancadas de oposición, lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como también en una disminución real en el anexo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los diputados de oposición explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad.
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Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.
Respecto al mandato de progresividad, explicaron que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.
En ambos casos, enfatizaron, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio y por ello consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato.
Finalmente, insistieron en la importancia que tiene que por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto de 2022 por ser regresivo en los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos.