Ni una semana transcurrió desde que trascendiera que el ahora exprocurador fiscal, Carlos Romero Aranda, era investigado por la probable evasión de impuestos cuando fue removido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No se sabe cómo interpretar el movimiento, si fue para proteger al funcionario o una forma de exhibirlo públicamente.

Romero será vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que es un cargo evidentemente menor al que ocupó hasta ayer.

Las denuncias periodísticas publicadas en contra de Romero dan cuenta de cómo persiguió a enemigos políticos de la 4T, entre ellos a los 31 científicos acusados de lavado y delincuencia organizada a partir de una denuncia hecha por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Romero habría sido acusado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de haber firmado por lo menos dos denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República, hecho que está fuera de sus atribuciones.

Además, según la revista Proceso, se detectaron inconsistencias en su declaración patrimonial, pues entre los años 2013 a 2020 adquirió bienes inmuebles por valor de 28.8 millones de pesos, pero reportó ingresos, en el mismo periodo, de 6.5 millones de pesos.

Quizá su remoción fue una forma de rescatarlo del escándalo…O quizá no.

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Quien lo sustituye será Félix Medina Padilla, que ha sido delegado en Tláhuac, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, jefe delegacional y director general de Jurídico y Gobierno en Magdalena Contreras.

Hasta ayer se desempeñaba como titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (neta, así se llama).

Su perfil público es más modesto que el de su antecesor.

Suerte.

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El 28 de noviembre pasado se realizó una consulta ciudadana en Topolobampo, Sinaloa, para conocer la opinión de sus habitantes sobre la construcción de una planta de amoniaco.

Ganó el sí a la construcción, pero como la consulta no fue vinculante -lo son cuando le conviene al Gobierno-, el ejercicio no tuvo efectos legales.

Eso sí, dejó ver que la mayoría de los habitantes están a favor de la inversión y la creación de empleos para la región.

Grupos de ambientalistas, cooperativas, pesqueras y otras asociaciones interpusieron amparos en contra de la construcción de la planta, que podría producir 800,000 toneladas de amoniaco anualmente.

El químico es uno de los ingredientes principales para la elaboración de fertilizantes, que han tenido un incremento de precio importante en lo que va del año.

La inversión comprometida por el Grupo Gas y Petroquímica de Occidente es de 1,200 millones para la primera etapa, cuya construcción se encuentra suspendida a la espera del fallo de la Corte a las solicitudes de amparo presentadas.

La apuesta es que, una vez concluida la obra, se puedan crear 15,000 empleos entre directos e indirectos, que detonarán económicamente la zona.

Pero hay quienes insisten que será malo para la región.

Juzgue usted.

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Buen debate se dio ayer en el Senado en la última sesión del periodo ordinario entre Ricardo Monreal y el independiente Germán Martínez.

El zafarrancho comenzó porque ninguno de los cinco integrantes del llamado Grupo Plural fue integrado a la Comisión Permanente, lo que desató la ira de Martínez, que aprovechó las aspiraciones presidenciales de Monreal para aplicarle dos o tres jabs y un gancho a la credibilidad.

Monreal cabeceó el ataque, se defendió y al final, Martínez se fue con su coraje y Monreal con la victoria por puntos.

LEG