Ya lo había advertido el propio López Obrador: tiene prisa.

Y como el tiempo es un factor neoliberal, conservador y fifí le juega las contras, decidió que no importa infringir las leyes con tal de sacar adelante sus proyectos.

Ayer se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se declaran de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno federal.

El acuerdo establece además que todas las dependencias de Gobierno deberán otorgar una autorización provisional en cuanto reciban un proyecto, y dejar para más tarde la obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar cualquier obra.

El asunto es grave.

Suponga usted que al Presidente se le ocurre construir otra refinería en el centro de la Selva Lacandona.

En cuanto se tenga listo el proyecto, deberá ser enviado a la Secretaría del Medio Ambiente que, por default, en los cinco días siguientes según el acuerdo publicado ayer, tendrá que otorgar una licencia provisional de construcción.

Si no lo hace en ese plazo, se dará por positiva la petición.

Comenzará la construcción de la (imaginaria) nueva refinería sin que haya una licencia de construcción ni los estudios de impacto ambiental ni ningún otro documento que justifique la destrucción de la selva.

Entonces una ONG solicita la información del proyecto para hacer sus observaciones, pero como el acuerdo dice que todos “los proyectos y obras’’ son clasificados como de interés público y seguridad nacional la información estará reservada por décadas.

En los hechos, el citado acuerdo elimina las capacidades de las dependencias de Gobierno y deja en el despacho presidencial las decisiones administrativas que constitucionalmente no le corresponden.

El Presidente es el primer responsable en cumplir la Constitución y sus leyes secundarias; el acuerdo publicado ayer representa todo lo contrario: opacidad, desprecio por las leyes y una soberbia que ni en sus peores momentos exhibieron priistas o panistas.

Y si, al diablo las instituciones.

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¿Cómo estarán los pleitos internos en Morena por el reparto de las candidaturas a gobernador el próximo año que hasta los estatales están cobrando sus propias facturas políticas?

En Hidalgo, por ejemplo, resulta hasta cómico el hecho de que el Comité Estatal haya dejado fuera de la cuarteta “oficial’’ al más aventajado de sus precandidatos, el senador Julio Menchaca.

Menchaca encabeza las encuestas en Morena, pero por alguna razón de peso -conste, peso no pesos-, sus compañeros morenistas lo dejaron fuera la cuarteta y corrieron la especie de que se trata de una negociación con el Partido Verde Ecologista.

Según esta versión, el Verde habría pedido la gubernatura del estado a cambio del apoyo que le daría a Morena en las votaciones de los temas que le importan al Presidente, como su contrarreforma eléctrica.

Todavía falta que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dé su veredicto sobre las propuestas que le hicieron llegar los comités estatales y seguramente ahí estará Menchaca.

Si no es así, habrá fractura.

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Otra precandidata de Morena pero esta al Gobierno de Quintana Roo, la senadora Marybel Villegas, declaró que si el proceso de selección del candidato no es transparente, podría ser la opción de otro partido.

Y mire que Villegas si trae apoyo de la base; fue una de las candidatas que más votos sumó en la elección del 2018 y en algunas casillas de Cancún incluso tuvo más votos que López Obrador.

Se pondrá interesante.