Al menos las elecciones para renovar los gobiernos estatales de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán podrían terminar en juicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la poca diferencia que existe entre los punteros, consideró el director regional del departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, José Pablo Abreu.

Su previsión coincide en parte con las expectativas que hay en la alianza Va Por México, pues el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios, expuso que la elección para gobernador se ha cerrado particularmente en Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala y Michoacán.

Para el académico del Tec de Monterrey la judicialización de las elecciones no debe verse como un riesgo en el proceso electoral, pues el objetivo tanto del TEPJF como de las normas al respecto son los medios existentes para institucionalizar los conflictos electorales, y evitar que la vía para dirimir éstos sean las calles.

Sin embargo, Larios consideró que la utilización de este recurso por parte del partido oficial podría propiciar un ambiente poselectoral complejo.

“Yo esperaría que no se judicializaran, pero es un deseo, veo a los de enfrente preparándose, tratar de ganar en la mesa lo que no podrán en la cacha.

“Espero que se confíe en el conteo del INE, pero no somos ingenuos, nos preparamos para que cualquier impugnación que hagan tener mecanismos de defensa, aunque habrá unas que serán desechas por notoriamente improcedentes y muchas serán solo por el ánimo de impugnar”, comentó el secretario general panista en entrevista con 24 HORAS.

Puntualizó que en Nayarit no se ha movido las preferencias electorales y el candidato de Morena se ha mantenido arriba con una ventaja importante.

Y sobre Guerrero, Larios dijo que es un estado con una dinámica social en la que se vota gremialmente, por lo que es difícil pronosticar que ocurrirá ahí.

Último recurso, anular elección

En tanto, Abreu recordó que un requisito indispensable para que la impugnación a una elección sea aceptada por las autoridades electorales es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5%.

Comentó que el TEPJF históricamente ha resuelto conservar la mayor cantidad de actos electorales posibles; es decir, anular una elección es el último recurso al que esperan llegar, pues hacerlo afecta la decisión de millones de personas que participaron en la elección.

“El TEPJF lo que ha tratado de hacer es eliminar los actos que podrían contaminar la elección, pero sin afectar el resultado final. Se anulan casillas y votos pero el resto se tratan de conservar para no afectar la participación y decisión ciudadana”, expuso el académico.

Recordó que una elección se puede anular cuando 20% de las casillas no se instalaron, o en 20% de éstas se presentaron inconsistencias e infracciones que establece la ley, por lo que para una anulación tendrían que presentarse una situación generalizada de violaciones sustanciales en la jornada electoral.

PROCESO

Los recursos por los cuales la Sala Superior del TEPJF conocería de las impugnaciones son:

*Juicio de conformidad, para buscar la anulación de casillas

*Recurso de consideración, para impugnar las asignaciones de las diputaciones de representación proporcional

*Juicio de revisión constitucional para el caso de las impugnaciones a las gubernaturas

LEG