La Cámara de Diputados se apresta a aprobar un paquete de modificaciones a la Constitución y diversas leyes en materia de lo que han llamado “igualdad sustantiva’’.

Dentro de estas modificaciones, hay una en especial que confronta a Morena con todas las asociaciones religiosas.

Se trata de la reforma a la Fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con la que se busca sancionar a las iglesias y pastores, de cualquier credo, por actos de discriminación “en razón de identidad sexual o expresión de género’’.

La iniciativa fue propuesta en octubre pasado por la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y prácticamente había pasado desapercibida hasta que ayer un grupo de iglesias alertó sobre los riesgos para las asociaciones y sus ministros.

La propuesta que será votada entre hoy y mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales, dice a la letra: Constituyen infracciones a la presente Ley promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos o ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas.

El problema con este texto es que atenta contra los principios bíblicos que son el sustento de la mayoría de los credos cristianos.

Salvo en algunas parroquias católicas, el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en todas las diversas iglesias; igualmente está condenado el aborto, visto como un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es un tema que se incluirá en el paquete de reformas a discutir.

Si las modificaciones constitucionales se aprueban y se aplican, los sacerdotes o pastores tendrían que dejar de hacer referencia a los textos bíblicos que sustentan la fe de millones de mexicanos so pena de ser sancionados tanto como asociaciones como personalmente.

Las reformas, si bien tienen la finalidad de asegurar la igualdad entre personas y erradicar la discriminación, entran en el pantanoso terreno de la fe y no se circunscriben estrictamente a actos administrativos o legales.

Es decir, la ley puede obligar a los jueces civiles a casar a dos personas del mismo género, pero no tendría que hacerlo obligatorio para las iglesias, las que fueran, porque va contra su naturaleza.

Según el último censo del INEGI, 92% de los 126 millones de mexicanos aseguraron profesar algún tipo de fe, mayoritariamente católica, con la que el presidente López Obrador no tiene una buena relación.

Hasta el momento, la jerarquía católica no se ha pronunciado sobre esta iniciativa como si lo hicieron algunos consejos religiosos estatales, en representación de varios credos.

Y aunque López Obrador ha usado en varias ocasiones la frase de Jesús “al César lo que es del César y a Dios, lo de Dios’’, poner contra la pared a las asociaciones religiosas y sus pastores –“sus agentes’’, dice la iniciativa-, no suena muy cristiano.

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Reapareció ayer el subsecretario de oro, Hugo López-Gatell, solo para confirmar que sigue teniendo Covid-19.

Eso sí, leve según dijo, aunque se le veía francamente desmejorado.

Le deseamos una pronta mejoría, no sólo a él sino a todos los que padecen la enfermedad.

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En la disputa por la gubernatura de Zacatecas, un estado con gravísimos problemas de inseguridad, aventaja el candidato de Morena David Monreal con 44.6% de la intención del voto.

En segundo lugar marcha la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya con 22.3% de la intención del voto de acuerdo con la encuesta de Massive Caller.

La ventaja es de dos a uno, pero Monreal no debe confiarse, porque parece que está tirado en la hamaca.

LEG