Detectan anomalías en Veracruz con plan de viodeovigilancia

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), detectó en el programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 349 millones 775 mil pesos, luego de que se realizaron pagos sin identificar los bienes adquiridos, ni registrarlos en su inventario y resguardo correspondiente, y sin acreditar el correcto funcionamiento de los mismos, así como de su entrega formal.

En el informe a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, cuando todavía era gobernador de esa entidad, el panista, Miguel Ángel Yunes Linares, la ASF informó que las observaciones registradas, derivaron en la promoción de acciones.

“Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos”, es decir que no pudo comprobar el destino de casi la totalidad del recurso entregado para el programa de Cámaras de Vigilancia.

En su informe, presentado la semana pasada, concluye que el Gobierno veracruzano, durante la administración de Yunes Linares, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.

Ante ello, informó que fueron promovidos ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.

En 2018, el gobierno veracruzano anunció una inversión de mil 100 millones de pesos en la compra y colocación de 6 mil 316 cámaras de videovigilancia, sin embargo, la nueva administración denunció que del total, sólo operaban el 34%, por lo que anunció la presentación de una demanda por fraude en contra del gobierno anterior.

En su momento, la bancada de Morena en el Congreso local, denunció que la empresa proveedora del sistema de videovigilancia COMTELSAT, cuenta con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretaría de la Función Pública en 2013.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la administración anterior incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles de esa entidad; así como de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana.

LEG