La crisis de seguridad para las mujeres está colocándose por encima del escándalo provocado por la violencia en la marcha del viernes 16. Y la atención del expediente se ha convertido en un asunto de seguridad, pero también en un tema de gestión política de Gobierno.

El tema se ha centrado en el concepto legal de “alerta de violencia de género”, convenida en la ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia. Y la declaratoria de alerta de género parte de un incumplimiento gubernamental en la aplicación de una ley específica.

La alerta obliga a (artículo 23): crear un grupo de seguimiento, acciones preventivas de seguridad y justicia, reportes especiales sobre las zonas de violencia femenina y explicar a la sociedad el motivo.

Y la declaratoria se emitirá en circunstancias precisas: cuando los delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz; cuando exista un “agravio comparado” que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”; y cuando organismos de derechos humanos así lo soliciten.

En este contexto, la alerta de violencia de género primero tendrá que reconocer el déficit heredado de administraciones locales y federal anteriores y la aceptación de responsabilidad de los Gobiernos en turno ante las cifras, quejas y denuncias de violencia contra las mujeres por su género.

Y la declaratoria de alerta de género le corresponde declararla a la Secretaría de Gobernación, cuya titular es Olga Sánchez Cordero, una mujer experta en derecho, y comunicarla a las entidades federativas afectadas.

Y quedaría el tema de los costos. El artículo 26 exige al Estado mexicano a “resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos” y obliga al Estado a aceptar su responsabilidad ante el daño causado.

Zona Zero

Algunos se preguntan si las revelaciones de la secretaria de Gobernación sobre el diálogo con grupos armados no habría sido una estrategia con el objetivo de sondear el clima social para declarar la ley de amnistía que beneficiaría a criminales y adelantar el diálogo, ahora sí, con los cárteles dentro del anunciado Consejo para la Construcción de la Paz. Nadie en el Gobierno declara algo sin permiso presidencial.