Muy preocupante es lo que ha sucedido en Baja California luego de la reforma a la Constitución estatal que aprobaron legisladores de todos los partidos, principalmente del PAN-que son mayoría- para otorgar a Jaime Bonilla, próximo gobernador, cinco años de gobierno en lugar de los dos para los que fue votado y electo. Recordemos que esto sucedió el 23 de julio cuando en una sesión extraordinaria y a puerta cerrada, en la que solo estuvieron presentes 15 de los 25 diputados, se discutió y aprobó la propuesta del legislador Víctor Manuel Morán, del partido Morena. Como era de esperarse, las críticas a este acto incuestionablemente ilegal no se hicieron esperar y desde el centro del país, se escucharon fuerte. En cuanto se conoció la noticia, senadores, diputados y líderes de los partidos de oposición como Marko Cortés, Damián Zepeda, Juan Carlos Romero Hicks, Mauricio Kuri, Claudia Ruíz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, René Juárez, Miguel Ángel Mancera, Alejandra León Gastélum ,Dante Delgado, y Mario Delgado Cordinador de la Bancada de Morena este último : ha reiterado que no está de acuerdo en este proceso que no abona a la democracia y que trata vulnerar el estado de derecho.

Yo rechazo en lo particular este hecho también , al considerar que atenta contra la democracia, contra el estado de Derecho y se traiciona a los ciudadanos de la entidad. Algunos partidos, ya preparan acciones de inconstitucionalidad y la expulsión de los legisladores de sus respectivos partidos políticos que avalaron la propuesta morenista. Incluso el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, coinciden que la Cámara Alta acompañará los procesos como parte coadyuvante, estará atenta a los hechos y de ser necesario expresará alegatos para cuidar el pacto federal, respetar la Constitución y establecer una relación armónica con esa entidad federativa, sin vulnerar la voluntad popular.

Ante estas críticas y amenazas la justificación de los de su líder nacional Yeidkol Polevnsky Gurwitz y de los congresistas locales del PAN fue que por la situación de emergencia financiera que se vive en el estado no se debían gastar recursos públicos en otra elección en dos años por que generaría un impacto financiero negativo. Y que para satisfacer las necesidades de los bajacalifornianos era imperante ampliar el mandato de Jaime Bonilla para diseñar y ejecutar debidamente el Plan Estatal de Desarrollo con impacto en la certidumbre económica, política y social de ese estado.

Mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre el tema y aseguró que él no tuvo nada que ver en esta decisión y en una de sus tradicionales conferencias “mañaneras” dejó en claro que serán las autoridades correspondientes las que resuelvan en consecuencia. Pese a que el asunto ahora está en la Suprema Corte, que tendrá que resolver las inconformidades que se han presentado, lo cierto es que esta “catástrofe política” genera un mal precedente para el país porque, a pesar de las justificaciones ya dichas, atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral del pasado primero de junio y de las instituciones democráticas, además de que rompe con la no retroactividad y con la voluntad ciudadana.

Es muy preocupante todo este proceso poco transparente porque genera, además de lo ya dicho, sospechas de corrupción y de impunidad pues en los últimos días se han vertido diferentes especulaciones sobre el proceder del Congreso de Baja California. Hemos escuchado de todo, desde que los legisladores se “vendieron” no sólo por una fuerte suma de dinero sino, en busca de acomodo en el próximo gobierno, negociando cargos estatales específicos, hasta las versiones que aseguran que el actual gobernador panista, Francisco Vega pactó impunidad para que no se investigara a su administración e incluso que es una especie de prueba o preámbulo de una intención de reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumento que el propio mandatario federal rechaza. Los procedimientos legales ya se echaron a andar y ahora sólo falta esperar si el decreto se publica en el Diario Oficial de Baja California, acto que el gobernador saliente, Francisco Vega del PAN , ha asegurado que no hará.

O si la próxima Legislatura, que entra en funciones el 1 de agosto, se atreverá a realizar. Estaremos atentos, pero mientras todo esto pasa, lo cierto es que el daño a las instituciones está hecho y marca con sospecha y escándalo al nuevo gobierno, que encabezará Jaime Bonilla, ya sea por dos o cinco años, a partir de noviembre próximo.

HAY QUE RESPETAR LA LEY.

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