Tras la sentencia de Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua, por cargos de crimen organizado y narcotráfico, especialistas coincidieron en que el reto será confiscar el dinero y las propiedades del capo, los cuales, probablemente, no estén bajo su nombre.

Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad y coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la UNAM, explicó que si no se confisca el dinero va a seguir siendo un aliciente para los delincuentes.

“Entonces puedo pasar el resto de la vida en la cárcel, pero si mi familia dispone de millones, pues no importa. Me parece que esto es un sin sentido de las condiciones con las cuales se pretende contener la violencia que vive el país y la degradación que estamos viviendo, tanto en Estados Unidos como México”, aseveró a 24 HORAS.

Recordó que ahora está una línea de ropa inspirada en el capo –por parte de su esposa Emma Coronel– cuando él es responsable de buena parte de la violencia que vive el país, de envenenar a jóvenes de México y Estados Unidos, por el trasiego de drogas.
En tanto, Francisco Verdugo, uno de los abogados de Lucero Sánchez, conocida como la Chapodiputada, manifestó que tanto el dinero como propiedades del narcotraficante no lo van a poder acreditar porque no están bajo su nombre.

Explicó que en estos casos existen los prestanombres “los bienes en México ¿bajo qué cargos las autoridades pueden hacer el decomiso o con qué ley?, sería imposiblemente jurídicamente hacer una decomiso”.

Por su parte, Rubén Salazar de la consultora Etellekt, señaló que en lo relativo a las estrategias de inteligencia financiera de ambos países que pudiera desbaratar los activos de estas organizaciones delincuenciales para combatirlas de raíz, los gobiernos han quedado a deber mucho o lo han anunciado sólo como una medida populista por décadas.

“Estas aprehensiones y condenas en esa medida se vuelven también anuncios populistas, mientras continúen centrándose más en acciones o golpes espectaculares sobre las principales cabezas sin perseguir sus activos financieros”.

El internacionalista Eduardo Rosales, de FES Acatlán de la UNAM, comentó que México era incapaz de juzgar y, sobre todo, mantener en prisión al líder del Cártel de Sinaloa, “observamos crónica de una condena anunciada, desde que fue extraditado a Estados Unidos, su destino estaba decidido”.

LEG