El presidente Andrés Manuel López Obrador no deja pasar oportunidad alguna para refrendar que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción que, acusa, proliferó durante los pasados Gobiernos a cargo del PAN y el PRI, y logró infiltrar desde las contrataciones para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, hasta la distribución de apoyos para estancias infantiles y las licitaciones para la compra de medicamentos del sector Salud.

El Presidente dista mucho de ser ajeno al conocimiento y operatividad del sector de la salud; es uno de sus temas de interés, y así lo demostró al frente del Gobierno de la Ciudad de México, al convertirse en el primer mandatario en incluir en el cuadro básico de medicamentos a los fármacos similares, lo que significó importantes ahorros a las finanzas de la capital del país, así como el acceso a medicamentos a un mayor número de personas.

La falta de acción sobre algunos grupos que por décadas se han servido de los servicios de salud pública para enriquecerse o colocar a cercanos en puestos clave se explica sólo por la falta de información o, tal vez, porque aún estos grupos tengan influencia dentro del actual Gobierno, de la que se valen para seguir operando.

Tal es el caso de Onofre Muñoz Hernández, quien desde 2016 se desempeña como comisionado nacional de Arbitraje Médico y al mismo tiempo ocupa la presidencia del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), una asociación civil que supervisa, certifica o recertifica el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben tener los médicos especialistas.

¿Cómo es posible que la misma persona que certifica a los médicos mediante su asociación civil sea la encargada del arbitraje médico? Es decir, sanciona malas prácticas o negligencia de los médicos que él mismo certifica. En una mínima revisión de ello se puede asegurar que por lo menos existe un grave conflicto de interés en las funciones que desempeña Muñoz Hernández.

Mientras la situación no se revisa ni se sanciona, existen estudios que reportan que en nuestro país el 80% de las negligencias médicas no se denuncian, ya sea por miedo a que se niegue el servicio médico, a enfrentar represalias contra el paciente o sus familiares o por creer que las instituciones de salud son intocables; este último criterio pareciera ser compartido por el doctor Onofre.

La historia del médico pediatra por la UNAM en el servicio público de salud inició hace varias décadas, y tiene en sus momentos destacados que durante una crisis en atención a pacientes con VIH y dotación de sus respectivos medicamentos, registrada en 2002, Onofre Muñoz se desempeñaba como director de Prestaciones Médicas del IMSS, y tras informar que la falla era imputable al laboratorio, no recibió ninguna sanción ante un evidente mal manejo.

Posteriormente, en 2007, luego de participar en la modificación del régimen de Pensiones y Jubilaciones para la Nueva Generación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) como titular de Prestaciones Médicas en el IMSS, Muñoz Hernández obtuvo 14 millones de pesos de liquidación, cifra que a cualquier trabajador del sector público le parecería inverosímil, sin embargo no existen imposibles para el presidente de la Conacem.

Si bien la renuncia de Germán Martínez Cázares dirigió los reflectores a la prestación de los servicios de salud, los médicos que la realizan y el complejo sistema de compras y distribución de medicamentos, corregir la situación y mejorar el sistema también deben pasar por un análisis profundo de todos sus mecanismos; tales como regresar la certificación médica al Estado y desmantelar los grupos que por décadas han utilizado los servicios públicos para beneficiarse y enriquecerse.