El pasado y el presente parecerían conspirar, si el tiempo pudiera hacerlo, en contra de la seguridad en territorio nacional.

Al informar acerca de su avance en los primeros 100 días como fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero precisó que existe un rezago de 300 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación sin resolver y más de 20 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar.

Con esa precisión, el titular de la FGR evidenció la proximidad de uno de los dilemas centrales para crear registro positivo de datos o para, complementariamente, mejorar la percepción de seguridad: ¿cuántos y cuáles recursos deben destinarse al rezago? y ¿cuánto debe dedicarse al desahogo de las nuevas carpetas de investigación o a las detenciones de sucesos inmediatos que hayan podido ocurrir en lo que va de esta administración?

El dilema es cómo demostrar eficiencia si no se concentran los recursos humanos y materiales en realizar las detenciones adecuadas y finalizar las investigaciones iniciadas.

Mientras comienza a dejar de ser efectivo el argumento de que la situación de inseguridad se debe fundamentalmente a las omisiones, complicidades e incapacidades del sexenio previo -lo cual es inevitablemente una variable sólida para contribuir a explicar la inseguridad nacional-, la presente administración está obligada a apuntalar con resultados una estrategia que tiene ya algunos muy apropiados elementos de apoyo, como lo son la coordinación federal y local, la Guardia Nacional y la reorganización policial y de las Fuerzas Armadas.

Con todo, el Gobierno está obligado a comenzar esa entrega de resultados muy pronto.

Aun cuando el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, ya ubicó en un trienio el inicio del proceso de consolidación de resultados positivos hacia la seguridad, segmentos amplios de la población, aunque sean de la simpatía del Gobierno federal, realizan una apuesta para que mucho antes existan esos datos.

Los rezagos respecto de los cuales hizo precisiones Gertz Manero pueden inscribirse simultáneamente en la narrativa del pasado o del presente de la inseguridad. ¿Servirán para adelantar una justificación o para distanciarse claramente del pasado y encontrar una manera clara y contundente de entregar resultados acerca de, al menos, casos recientes?

Por si fuera poco, el titular de la FGR dio a conocer que el promedio de la eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas es de alrededor de 5%.
No solamente existe un gigantesco desafío que presiona institucionalmente a la FGR, sino que hay demostración, de ser todos los datos verdaderos y no hay razón para suponer que no lo sean por el momento, de que la capacidad y habilidad de la Fiscalía frente a la demanda de justicia está en situación deficitaria frente a las necesidades percibidas por la ciudadanía.

Aprehender y sentenciar a delincuentes jurídicamente responsables, aun en el contexto del Sistema Penal Acusatorio con su debatible oferta asociada a los acuerdos resarcitorios y a la puerta revolvente, es una urgencia nacional.

@guerrerochipres