José Antonio Meade tiene una intachable trayectoria en el servicio público. Su hoja de vida refleja la pulcritud con la que se ha conducido en más de 20 años de carrera. Pese a ser reconocido por esta invaluable cualidad, como candidato presidencial pagó la factura que dejaron los excesos de un sistema que, durante décadas, hizo de la corrupción un estilo de gobernar. Sus contrincantes, el ala radical de Morena en particular, usaron este tema como arma principal para derrocar al PRI.

Los mismos que, desde la oposición, denunciaron los excesos del sistema al cual combatieron, hoy, como Gobierno, inexplicablemente han declinado a actuar bajo los mínimos estándares de los que México se ha dotado para combatir la corrupción.

En un reciente estudio, la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad ha dejado claro que el discurso opositor de Andrés Manuel López Obrador, en el que se denunciaban los abusos de Gobiernos del PRI y el PAN por su falta de transparencia en las asignaciones de obras públicas, quedó como simple promesa de campaña. Los datos así lo demuestran.

En lo que va de esta administración, apunta la organización, “se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios”.

Los datos que se arrojan a través del portal Compranet revelan que las licitaciones públicas no llegan ni a 20% del total de los contratos que han sido ofertados. El 7% se ha dado por la vía de la invitación restringida. Casi 75% de los casos se ha regido por medio de la adjudicación directa, una de las figuras más cuestionadas, controvertidas y ligadas a actos de corrupción.

Preocupa en los círculos de expertos en transparencia la decisión de López Obrador de privilegiar el formato de invitación restringida a cuatro empresas extranjeras para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Más dudas generan aún el hecho de que las firmas en cuestión (Technip, KBR, Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs) tengan abiertos expedientes por casos de corrupción en otros países.

Sin embargo, lo que más causa intranquilidad es la posición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, respecto a esta decisión. No, estimado lector, no se asuste por lo que a continuación leerá: “No se hizo la selección basada en que son la Madre Teresa de Calcuta, pues ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia”, puntualizó la funcionaria federal.

Segundo tercio. Los de The Wall Street Journal no han entendido lo mucho que incomodan al presidente López Obrador sus revelaciones. El diario dio a conocer ayer que tres de los integrantes de la junta directiva de Pemex podrían renunciar en los próximos días por su desacuerdo ante la forma como se ha conducido a esta empresa productiva del Estado. Otro mensaje negativo para los mercados.

Tercer tercio. “Lo que no está prohibido está permitido”, dice un Presidente que no ha entendido el peso de su investidura, al referirse el envío al Senado de las mismas ternas que fueron rechazadas para ocupar los espacios vacantes de la Comisión Reguladora de Energía.