Imagine usted, apreciado lector, el siguiente escenario: en uno de sus múltiples eventos, el presidente Enrique Peña Nieto presenta una nueva estrategia de promoción turística y, para ello, la secretaría del ramo, a cargo de Enrique de la Madrid, produce y difunde un video.

Con un alto contenido político en el que se denuesta a sus adversarios, el spot presenta imágenes del primer mandatario y del Partido Revolucionario Institucional. Habla, entre otras cosas, de la victoria electoral del tricolor y de la corrupción que ha imperado en los Gobiernos de oposición. El material es difundido en las redes sociales gubernamentales y es subido al portal oficial de la dependencia que tuvo que pagar una considerable suma por su producción.

Sin duda, frente a una situación de esta índole, el Presidente de la República, el titular de la Sectur, alguno de sus subsecretarios y el vocero de la institución serían llevados a la hoguera mediática. Y con toda razón.

Ningún costo político ha tenido que pagar, hasta hoy, la Secretaría de Turismo, cuyo titular, Miguel Torruco, optó por la adulación a la figura presidencial que por el verdadero motivo de la estrategia que él encabeza, que es brindar un sentido social a las políticas que impulsa este sector.

La decisión de Torruco refleja lo que ha sido una constante preocupación desde el 1 de julio pasado, por el uso de los instrumentos de comunicación del Estado como herramientas de propaganda de un Gobierno cuestionado por una opinión pública cada vez más reticente a las medidas adoptadas. Inquieta también por la poca observancia del marco legal con el que se rigen las políticas de difusión.

La Constitución, en el párrafo octavo de su artículo 134, es por demás clara. El texto indica que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, la propaganda que se difunda a través de los poderes públicos deberá tener un carácter institucional, y en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Ninguna interpretación de este precepto alcanza para exculpar a la Secretaría de Turismo de la grave falta que cometió. Por inexperiencia, torpeza o ambición, el error no ayuda en nada al presidente López Obrador, quien se vio orillado a ordenar el retiro del cuestionado spot.

El tono revanchista del video, así como su contenido político-partidista alimentan la preocupación por el excesivo uso de la polarización y la confrontación como una de las herramientas del Gobierno para mantener su legitimidad. Con todos los riesgos que ello represente para el país.

Segundo tercio. No lo dice cualquiera. El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, criticó el proyecto aeroportuario del Gobierno mexicano. “Dista de ser el mejor” e implica un fuerte reto para las aerolíneas. Impactará en la economía mexicana en el mediano plazo, advirtió frente al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

Tercer tercio. Nada podrá cambiar en México si no existe una profunda transformación legal y cultural que consolide el Estado de Derecho. Nos ubicamos en el lugar 99 de 126, de acuerdo al estudio elaborado por el World Justice Project.