Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, destacó que la operación del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad ha permitido tener una institución que prevenga y sancione la corrupción.
Luego de acudir al primer informe de actividades de la magistrada Angélica Arenal Ceseña, como presidenta del Tribunal, consideró que la operación de este organismo brinda “a nuestro sistema un componente fundamental para reintegrar la ética y la honestidad en la función pública”. “Contamos hoy con un órgano autónomo y competente para dirimir las controversias que puedan ocurrir entre la administración pública estatal o municipales con los particulares”, dijo.
Por su parte, la magistrada Arenal Ceseña, precisó que esta institución también conoce y resuelve las controversias relativas al incumplimiento de los contratos administrativos como lo son de obra pública y adquisiciones.
LEG