La modificación al artículo 19 constitucional, que sumó nueve delitos que ahora tendrán prisión preventiva oficiosa, no tendrá un impacto en la impunidad, pues no incide en la facultad de las fiscalías para investigar, perseguir los delitos o criminalizar las carpetas de investigación, aseveró Raúl Pérez Johnston.
El abogado general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados agregó que, esta reforma a la Constitución, simplemente aumenta el catálogo de delitos con prisión automática, y “solamente se crea una medida disuasoria de cuestionada eficacia”.
Los cambios, que ahora deben aprobarse en 17 Congresos estatales para entrar en vigor –dijo– no hacen al sistema penal más eficiente.
“La prisión preventiva oficiosa convierte al sistema penal en uno que privilegia la presunción de culpabilidad por encima de la presunción de inocencia”, consideró el especialista.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma se esperará que haya más gente en la cárcel que la que se hubiera justificado bajo criterios como la peligrosidad del sujeto, de su capacidad para extraerse de la acción de la justicia o de su susceptibilidad para obstaculizar la investigación o el proceso.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la extensión de dicho catálogo, pues “automatiza el encarcelamiento sin permitir que el juez decida en cada caso”, indicó en un comunicado.
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por mayoría de votos, que las personas en prisión y sin sentencia, tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.
CELEBRA REFORMA
El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de que la corrupción haya sido aprobada como delito grave y sin derecho a fianza, aunque dijo desconocer si en esa votación se pronunciaron a favor diputados ex perredistas cuestionados precisamente por ese delito. “Celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible y, algo muy importante, que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral, el que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que compran los votos”.
DAMG