La administración federal tiene muchos hoyos.
Huecos en los cuales se fugan las esperanzas de eficiencia de los 30 millones de electores, de acciones definitorias sobre el nuevo futuro, de respuesta inmediata ante crisis.
Situaciones normales en lógica fundamental, si se considera el cambio al cual apunta el Gobierno por instrucciones muy personalísimas de Andrés Manuel López Obrador.
Pero en muchas secretarías de Estado, organismos descentralizados y organismos con autonomía no saben cuál camino seguir y, pasmados, esperan instrucciones superiores.
En términos generales es entendible.
Apenas transita la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y no con éxito entre muchos funcionarios encargados de las nuevas responsabilidades, aunque con menor ingreso.
En muchas dependencias no entienden cuál será el resultado específico de la nueva norma sobre sus propias responsabilidades, y por ello los titulares están inactivos.
NI LEYES NI ORDENAMIENTOS
Hay un trasfondo legal en esta situación de anomalías.
En sus inicios, todas las administraciones federales intentan imponer su sello, y para ello modifican los nombres de las secretarías de Estado, aunque no cambien las funciones.
Da lo mismo si se llama Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues al cabo no hay orden ni en el campo ni en la ciudad.
Hoy no es la excepción, sobre todo cuando se pretende regresar la historia nacional medio siglo.
Pero faltan muchos ordenamientos.
Ve usted que a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deben seguir muchos ordenamientos y casi la totalidad de las dependencias carecen de ellos y hasta de titulares.
Lo siguiente es armonizar esa Ley Orgánica General con cada Ley Orgánica -¡vaya pleonasmo!- de secretarías de Estado, organismos descentralizados y organismos autónomos.
Y después de ellos, los lineamientos para cada uno de ellos.
Y a continuación, la organización interna de recursos materiales y humanos para poder operar conforme las nuevas disposiciones de la pomposamente llamada cuarta administración.
Pero hoy no hay ni reglamentos internos ni lineamientos.
¿Quién debiera vigilarlos?
Pues la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval.
Ya venció el plazo legal para disponer de todas esas normas, pero nadie asume responsabilidades y en consecuencia seguimos con un Gobierno incompleto en muchos casos y omiso en otros.
LA DESPROTECCIÓN DE NIÑOS
1. El tránsito del sexenio dejó otro vacío.
La administración anterior preparaba ordenamientos a los medios informativos –periódicos, radio, televisión, redes sociales- para exigir respeto a la identidad de los niños.
Se trataba, de acuerdo al proyecto, de cumplir disposiciones legales para evitar la difusión de la identidad de menores en caso de delitos, de violaciones o de situaciones anómalas.
Pero ahora el caso vuelve a su origen, y quién sabe cuándo se tenga el mandato legal definitivo.
2. Tras el crimen múltiple del fin de semana en Playa del Carmen se han acentuado las diferencias entre las autoridades municipales y estatales.
Las municipales advierten en el secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella, de pretender imponer condiciones a alcaldes y municipios si no le son afines.
Un asunto para atraer la atención del gobernador Carlos Joaquín.