El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que existen vacíos legales en la Ley General de Salud y en la política actual que se sigue para el combate a las drogas, los cuales permiten la criminalización de los consumidores de las sustancias actualmente ilegales.
Durante el Segundo Foro para el Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana, en Ciudad Juárez, Chihuahua, especificó que 60% de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social incurrieron en narcomenudeo y de ellos, 81% está preso por portar mariguana en cantidades que equivalen a menos de 500 pesos en el mercado. Por ello, planteó la necesidad de contar con una legislación clara que no dé “lugar a interpretaciones”.
“Debemos profundizar en la descriminalización efectiva de los consumidores porque si bien desde 1994 el consumo dejó de estar tipificado como delito penal, esta medida debe ser consistente con las relacionadas con su posesión y transporte para uso personal
“Debemos preguntarnos si el marco de control en materia de sustancias ilícitas es el mejor posible o si existen incongruencias que no han permitido poner fin a la criminalización de los consumidores (…) Existen vacíos legales que permiten la interpretación de la ley y la criminalización de los consumidores. Esos vacíos generan estas circunstancias”, comentó.
En conferencia de prensa, detalló que la mayoría de los internos de los Ceferesos tienen entre 31 y 40 años de edad y están ahí por posesión de drogas, principalmente de mariguana, además de que son primodelincuentes (nunca antes habían delinquido), y enfrentan penas exageradas para la cantidad que portaban.
Esta situación afecta fundamentalmente a las mujeres, ya que ocho de cada 10 que están presas por delitos contra la salud no violentos, la mayoría por posesión de drogas, y 88% tiene hijos, viven en condiciones de marginación y pobreza y están sentenciadas por un solo delito.
También en su intervención inicial, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez confió en que el gobierno federal haga una revisión general sobre su política de drogas y dijo que es necesario desvincular en las leyes la comisión de delitos con el consumo de drogas.
En tanto, el exsecretario de Gobernación durante la gestión del expresidente Felipe Calderón opinó que es necesario que el gobierno federal distinga entre los consumidores problemáticos (aquellos que ya presentan una adicción) y los no problemáticos (quienes experimentan o son consumidores ocasionales), con el fin de impulsar las regulaciones necesarias y reconocer el derecho de los mayores de edad a tomar sus propias decisiones.
Pide ONU una política integral para regularizar las drogas
El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) Antonio Mazzitelli advirtió que sin una política integral para regular el acceso a las drogas, y de quedarse solo en la mariguana, el gobierno y la sociedad mexicana se arriesgan hacerles el trabajo de “lobby” a las empresas interesadas en comercializar e introducir la sustancia a nuestro país, en lugar de avanzar hacia el control de las sustancias ilegales.
Mazzitelli advirtió que los aspectos más concretos y peligrosos relacionados con la regulación de una sustancia ilegal, es que el producto se someta a un esquema comercial en el cual intervengan empresas que busquen obtener beneficios económicos a raíz de ella (como ha ocurrido con el alcohol y el tabaco).
Esta problemática se presentará tarde o temprano, por lo cual debe ser asumida desde una perspectiva del bien social y no solo de los individuos.
En su exposición en el marco del Segundo Debate Nacional para el Uso de la Mariguana señaló que no se debe hacer ningún tipo de discriminación a los usuarios de drogas y mencionó que en lugar de esto, se debe practicar una política de reducción de daños en la cual se suministran drogas a quienes no puedan vivir sin ellas.
Esta política también debe incluir una perspectiva de proporcionalidad en la implementación de medidas punitivas. Esto quiere decir que deben considerarse los aspectos personales y el contexto de cada persona ante la impartición de justicia.
Ejemplificó que no se puede dar el mismo trato a un narcomenudista que vende drogas para mantener a su familia, que a una persona que genera violencia o a un consumidor que portaba más allá del gramaje permitido.
El experto de la ONU también criticó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a cuatro personas para que consuman mariguana basándose en el principio de autodeterminación del individuo, pues -señaló- abre la puerta para que después se permita el consumo, producción y siembra de cualquier droga “desde plantar mariguana en el jardín hasta tener un laboratorio de metanfetaminas en la cocina”.