La elección a gobernador de Colima del pasado 7 de junio fue anulada por segunda ocasión en los últimos doce años, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que hubo “graves anomalías” e intervención ilegal del gobierno estatal en favor del candidato José Ignacio Peralta Sánchez de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Vede Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
Tras más de tres horas de discusión, con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF determinaron anular la elección de gobernador en Colima, por la indebida e ilegal intervención de funcionarios estatales y ordenó al Congreso estatal nombrar un gobernador interino y convocar a un proceso extraordinario y al Instituto Nacional Electoral (INE) para que organice los comicios extraordinarios a la brevedad posible.
El predictamen propuesto por el magistrado Manuel González Oropeza, quien tras recibir de última hora un audio donde se escucha al secretario de Desarrollo Social de la entidad pedir ayuda a favor del candidato Peralta, decidió cambiar el sentido de la sentencia que, en primer lugar proponía validar el resultado, para solicitar su anulación.
El predictamen difundido desde hace poco más de una semana preveía confirmar el triunfo de Peralta Sánchez sobre Jorge Luis Preciado Rodríguez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) quien impugnó los resultados dados por el Instituto Electoral del Estado (IEE).
Durante la discusión de la impugnación también se citó al procurador estatal Marco Santanta quien citó a una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso electoral, lo cual pudo influir en el proceso que dio el triunfo al aspirante de la coalición por poco más de 500 votos, y 0.17% de diferencia lo que la hace la elección más reñida en la historia del país.
Los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, se pronunciaron a favor del proyecto. Mientras que Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos fueron los magistrados que votaron en contra.
De igual forma el Tribunal propone al Congreso local dar vista a que investigue al secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar y al procurador General de Justicia del estado, Marco Santana Montes, por la intervención que tuvieron en el proceso electoral 2014-2015.
Así los magistrados de la Sala Superior resolvieron la impugnación realizada por el Partido Acción Nacional (PAN).
El magistrado ponente, Manuel González Oropeza, propuso la nulidad de los comicios, al quedar demostrado la intervención del secretario de desarrollo social y el procurador de esa entidad en la jornada comicial. El proyecto de sentencia presentado considera que hubo injerencia indebida en la elección de gobernador.
Durante su posicionamiento, el ministro Salvador Nava Gomar señaló que para garantizar los principios de neutralidad y equidad las autoridades deben abstenerse de intervenir en cualquier proceso electoral.
Ayer, los magistrados se reunieron por horas en privado para evaluar el anteproyecto de este y otros casos que fueron sometidos a su consideración.