Me pide mi viejo amigo Fausto, a quien conocí hace más de dos décadas en la Barcelona de los Juegos Olímpicos, y con quien tengo interminables y entretenidos debates, que intente explicar a los lectores mexicanos lo que motivará a muchos ciudadanos a votar en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, 27 de septiembre, a favor de candidaturas que promuevan la constitución de un estado catalán independiente.

 

Independencia ante todo por dignidad.

 

Hace poco más de una década el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall (inolvidable como alcalde de la Barcelona olímpica, en 1992), decidió afrontar una reforma a fondo al Estatuto de Autonomía con ánimo decidido y sincero buscando replantear el encaje legal y las relaciones de Cataluña con el estado español, cosa que se hizo con la mayor profundidad y exhaustividad posibles.

 

El Estatuto de Autonomía es el marco complementario de la Constitución Española y regulador de su autogobierno, y el de 1979, ya no daba respuesta a las necesidades de dicho territorio.

 

La reforma de Maragall abordaba diversas cuestiones, entre ellas: la definición de la entidad histórica de Cataluña como sujeto político y su relación con el estado español, el reparto de competencias con el estado, la demanda de una financiación más acorde con la aportación de dicho territorio al conjunto del PIB estatal y la protección de su lengua y cultura propias.

 

La respuesta de políticos (principalmente del Partido Popular) a dicha propuesta fue, para muchos, absolutamente humillante, puesto que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad, aún antes incluso de ser aprobado. Un ejemplo es Mariano Rajoy, entonces presidente del PP, quien se dedicó a recoger firmas contrarias a su aprobación por todo el estado.

 

A pesar de ello, el texto fue aprobado por el Parlamento catalán, las Cortes Españolas (Congreso y Senado de España), y finalmente, por los ciudadanos a través de referéndum. Sin embargo, cuatro años después llegó la sentencia del Tribunal Constitucional la cual recortaba el texto.

 

Paralelamente a ello, los catalanes constataban una serie de deficiencias en las instituciones españolas que afectaban a su calidad de vida cotidiana que iban en aumento y no se corregían, como por ejemplo: la falta de inversión en infraestructuras básicas, como el transporte público y suministro energético. De igual manera y desde instancias judiciales se cuestionó la situación legal de la lengua catalana; su utilización en las escuelas y en la vida pública.

 

Se iniciaron diversos intentos sucesivos de pacto con el estado para corregir dichas situaciones, intentos infructuosos o incumplidos bajo diversas argumentaciones y tecnicismos, todo ello, para justificar un gobierno del estado con mayoría absoluta del PP, el partido de derechas conservador.

 

La sociedad civil decidió organizarse (2009) convocando consultas informales sobre la pertenencia al estado español en diversas poblaciones del territorio catalán. Todo ello evolucionó hacia la constitución de una asociación de carácter transversal, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) quien decidió impulsar un movimiento a favor de la autodeterminación y la independencia del pueblo catalán (abril de 2011) y cuyo primer acto de relevancia masiva fue la manifestación del 11 de septiembre de 2012.

 

A la vista de la extraordinaria movilización del pueblo catalán, y de la agudización de los efectos de la crisis, con el desigual reparto de sacrificios económicos en el estado español, el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, decidió acudir a hablar con el presidente Mariano Rajoy, en demanda de una oferta de pacto fiscal que solucionase dichos problemas. Ante la negativa de Rajoy, Mas decidió convocar elecciones con la promesa de afrontar un proceso hacia la autodeterminación de Cataluña que incluyera una consulta para evaluar la consistencia y suficiencia de dicha voluntad.

 

Desde entonces, todos los intentos de negociar la celebración de una consulta o referéndum han sido negados y boicoteados por el estado, así como replicados con amenazas legales y de todo tipo, lo que ha obligado a Artur Mas a hacer uso de la última carta que le quedaba: convocar unas elecciones que tengan un signo plebiscitario.

 

Ante este planteamiento, los aparatos político, mediático y de todo tipo del estado han reaccionado de manera varipinta, desde la amenaza de represalias hasta el pronóstico de un escenario pesimista en caso de que nos independicemos.

 

Creo que no basta una reforma constitucional por tres motivos. Primero: a lo largo de la historia el estado español ha demostrado en numerosas ocasiones su falta de voluntad negociadora y de cumplimiento de los acuerdos suscritos. La historia es tozuda y no cesa de repetirse.

 

Segundo: para acometer una reforma de semejante tipo habría que cumplir los requisitos del artículo 168 de la Constitución Española, como por ejemplo, que dos terceras partes del Congreso la apruebe. Algo imposible con la mayoría absoluta del PP.

 

Tercero: no se ve ni entre la población española, ni entre la clase política, ni entre los medios de comunicación, rastro alguno de voluntad o consenso suficiente para solucionar el conflicto de la única manera que sería posible: como sujetos jurídicos de igual a igual, y sin imposición de uno sobre el otro en caso de falta de acuerdo.

 

Por lo anterior, defiendo la independencia de Cataluña.