La declaración fue demoledora: “México se ha convertido en un enorme cementerio, de norte a sur, de este a oeste”, denunció Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de Chihuahua el viernes 20 de marzo durante la 154 sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, en la que se revisa el caso de México.
El embajador de este país, ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa Gamboa, tuvo que pasar el trago amargo no sólo durante la sesión en la que se confrontaron organizaciones civiles con la representación del gobierno mexicano, también cuando llegó a la reunión para hacer frente a las acusaciones internacionales y nacionales: a su llegada le esperaba un grupo, principalmente de mexicanos, que le espetó de forma reiterada: “¡Asesinos!”
Durante este periodo de sesiones de la CIDH, el tema mexicano está a la vista y su gobierno tiene que dar explicaciones a las acusaciones de propiciar desapariciones forzadas, la existencia de fosas comunes y más de 26 mil desapariciones en territorio nacional…; Ayotzinapa.
Y esta es apenas una pequeña parte de una cadena internacional de señalamientos, acusaciones, indicios, sospechas o certezas respecto de lo que ocurre en México de un tiempo a esta parte y que han propiciado un ambiente de desconfianza en el gobierno y sus instituciones de seguridad.
Así que el punto central es el manejo que tanto el gobierno federal como los de los estados señalados –particularmente Guerrero- han dado al gran problema del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia criminal en contra de grupos específicos y en contra de civiles, el involucramiento de representantes de gobierno con el crimen organizado, corrupción y violencia y tortura y violación a los derechos humanos de forma sistematizada…
El viernes 20 de marzo el gobierno mexicano acudió a la cita incómoda. No sólo porque tiene en contra a quienes han llevado las acusaciones al terreno internacional con una certeza: la desaparición forzada, en particular los 43 normalistas de Iguala, pero también son las mismas instituciones internacionales que están molestas con el gobierno mexicano por la falta de pruebas en contra, y de soluciones.
“Este tipo de generalizaciones no ayudan a la precisión e identificación del problema. La desaparición forzada no es en todo el país [o sea que sí hay]. Si es un problema agudo que el gobierno está tratando de resolver con medidas sin precedentes (…) El caso de Ayotzinapa se ha convertido en el proceso de investigación más amplio y sin precedentes que acomete el Estado mexicano” dijo el mismo embajador Rabasa…
De inmediato, en México, durante la inauguración de la Feria por el 70 aniversario de la ONU, en el Paseo de la Reforma, el canciller mexicano, José Antonio Meade rechazó que México sea “un cementerio humano” y que “México [por gobierno] es mucho más que eso [mucho más que un cementerio humano]; y que México [de nuevo por gobierno] está en la disposición de corregir los problemas que demandan las organizaciones y que México [país] evoluciona prácticamente en todos los indicadores, la violencia se está abatiendo y se están cambiando las leyes para hacer realidad el México que todos queremos [González Iñárritu] y que convoca la sociedad civil”…
Sí. Pero no. Resulta que el tema de Ayotzinapa ha calado en muchos países y cuyo origen lo atribuyen a la violencia generalizada en el país, a los vínculos corruptos entre agentes de gobierno y en una, digamos, ingobernabilidad –o gobierno débil- para encontrar no soluciones justas al problema de seguridad en México, como también a problemas que tienen que ver con la integración amañada de gobierno y a una democratización inconclusa.
Tanto la Unión Europea como la Organización de las Naciones Unidas, así como países en particular, mandatarios y medios de información, han expresado ‘su preocupación’ por lo que ocurre en México.
El problema radica en que el gobierno mexicano no ha querido o no ha podido dar respuestas eficientes, concretas, creíbles a los señalamientos. La vaguedad de su defensa van del “estamos haciendo todo lo posible” como “se abaten estos problemas” o “las cifras van en decremento” y hasta “en México no existe tortura sistematizada”… Pero no presenta pruebas de todo ello, a pesar de las cifras que exhibe en donde se dibuja a un gobierno sano y respetuoso…
Tarea difícil para la política exterior de México, cierto; pero más difícil para los habitantes del país que tampoco tienen respuestas. Todo suena a evasivas y a blindaje de gobierno frente a lo evidente.
De ahí que tiene razón el presidente Peña Nieto cuando declaró al Financial Times en preparación de su viaje monárquico por el Reino Unido el 2 de marzo: “En México hay una sensación de incredulidad y desconfianza”. Sí. Esa incredulidad y esa desconfianza tienen su origen en la falta de soluciones y en la ausencia de información cierta-veraz-justa-de Estado.
Así que hoy México está en la mesa de disecciones mundial. Y todo porque no hay explicaciones firmes, contundentes, sólidas y creíbles. Todo porque a la manera de los viejos tiempos priistas, el gobierno se reserva el derecho de conocer la verdad, y de darla a conocer…
…Aunque estos ya sean otros tiempos y aunque esos ocultamientos pongan al régimen mexicano en el banquillo de los acusados o, por lo menos, en el rincón de los castigados con orejas de burro.
Así que la lapidaria afirmación del México convertido en un “cementerio humano” cala aún más profundo que el “lo estamos solucionando”.