Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, resaltó que con las acciones anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, México se acerca a las mejores prácticas internacionales en la materia.

 

México está empezando a cerrar una brecha que tenía respecto a otros países del G20 y de la OCDE, en el tema de las políticas para evitar el conflicto de intereses, expresó.

 

En entrevista con Notimex, señaló que es un tema que se ha discutido en muchos otros países por años, “no es un tema nuevo y estamos cerrando la brecha, estamos tratando de ponernos al día en un tema en el que estábamos rezagados”.

 

Enfatizó que el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento de que se trata de un problema grave en el país, “es un problema en el que la realidad nos alcanzó y nos hemos dado cuenta”.

 

Bohórquez dejó en claro que la declaración patrimonial es crucial para poder monitorear a los funcionarios, pues es importante para reconocer el patrimonio que tiene una persona.

 

Y hay que decirlo con mucha claridad, dijo, “todos tenemos intereses, tu tienes unos, yo tengo otros, el asunto es que estén sobre la mesa y no afecten las decisiones públicas”, expresó.

 

El director ejecutivo de Transparencia Mexicana resaltó en ese sentido que el conflicto de intereses en México requería de una acción inmediata pues ya “está claramente afectando la vida pública del país”.

 

A su decir, la declaración de intereses que deberán realizar los funcionarios públicos a partir de mayo, tiene que ser pública “y creo que debería serlo, porque su efecto es preventivo”.

 

Lo que busca la declaración de intereses es prevenir que se conozcan posibles conflictos de interés una vez que éstos podrían haber ocurrido, ahí creo que es el primer componente del anuncio presidencial, enfatizó.

 

Señaló que en el anuncio también se dio una respuesta al planteamiento que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alrededor del código de conducta para las empresas en México.

 

Ello, agregó, están dispuestos a hacer su parte desde la estrategia anticorrupción que es empezar a autorregular a las empresas y creo que hay una respuesta a este tema en el discurso presidencial, sobre todo en lo que se refiere a los protocolos para que se relacionen las empresas con los servidores públicos “y particularmente con quienes toman decisiones vinculadas con las licitaciones públicas”.  DM