La desaparición de regidor independiente de Puerto Vallarta, Jalisco, Humberto Gómez Arévalo, deja al descubierto una serie de ataques, extorsiones, secuestros y ejecuciones contra funcionarios municipales que han quedado impunes desde hace varios años.

 

El regidor, que el año pasado renunció al partido Movimiento Ciudadano, está desaparecido desde el jueves 15 de enero. Sus familiares denunciaron su desaparición al día siguiente, luego que no llegara a su casa y que su chofer indicara que desconocía el paradero del edil.

 

La camioneta de Gómez Arevalo fue encontrada en el sitio donde su chofer lo dejó la noche del jueves, pero hasta el momento no hay información sobre el político. Autoridades de procuración de justicia no tienen hasta claro el móvil que llevó a la desaparición del regidor.

 

Pero este no es un caso aislado, los servidores públicos municipales de cualquier partido son constantemente acosados, amenazados y suelen ser víctimas de la delincuencia organizada en cualquier entidad.

 

La cifra actualizada por 24 HORAS, al cierre de 2014, indica que al menos 70 funcionarios municipales del país fueron asesinados en los últimos ocho años; la mayoría de estos hechos han quedado impunes.

 

El exdirector jurídico de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), Ricardo Baptista González, indicó que gran parte de los delitos contra regidores, alcaldes y otros municipales quedan sin castigo, por lo que los funcionarios locales han sido considerados como los eslabones más débiles para la delincuencia organizada que lanza amenazas, extorsiones, plagios y también asesinatos.

 

Los antecedentes sobran en los últimos años a tal grado que algunos municipios totalmente controlados por cárteles de la droga han sido abandonados por sus gobernantes.

 

En octubre de 2014, Salomón Cib Villa renunció a la presidencia municipal de Aculzingo, Veracruz, por el control que mantenían Los Zetas en la región, además del asesinato de su antecesor Cándido Morales.

 

Dos meses después, el regidor de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Ponciano Ramos, fue hallado muerto en una cajuela de una camioneta abandonada.

 

Según la Procuraduría General de Justicia coahuilenses, el 23 de diciembre el funcionario fue secuestrado en su casa y en las siguientes horas fue asesinado de un balazo en la cabeza.

 

Las cifras indican que gran parte de ediles y regidores se encontraban en funciones cuando fueron asesinados, principalmente desde 2006, en estados como Michoacán, Oaxaca y Durango.

 

La contraparte

 

Sea por la presión o por decisión propia, otros servidores públicos municipales han aprovechado sus cargos para delinquir o caer en delitos como el enriquecimiento ilícito, además de los vínculos con el crimen organizado.

 

Recientemente dos alcaldes perredistas comenzaron a ser procesados por delitos federales. El caso más reciente fue de Enoc Díaz Pérez, ahora ex alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, quien es acusado de financiar a un grupo paramilitar y secuestrar a dos personas en la localidad.

 

Otro es el del presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien habría robado cerca de 200 millones de pesos en dos años y a quien se le vincula con el grupo criminal Los Zetas.

 

Y está el bien conocido caso de José Luis Abarca, a quien se le vincula con el cártel de Guerreros Unidos y que actualmente se encuentra en prisión acusado por el secuestro de 43 normalistas y por un caso de homicidio.