ROMA. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aseguró que interrumpirá el trámite de una norma aprobada por su Gobierno hace unos días, lo que la prensa interpretó como un favor legal destinado a beneficiar al ex jefe del Ejecutivo Silvio Berlusconi. Se trata de una reforma que afecta a las relaciones entre la Hacienda pública y los ciudadanos y que prevé por un lado que no se considere punible la evasión de impuestos sobre la renta si no supera el 3% de la renta imponible declarada.

 

“No hay ningún apaño, lo paramos”, declaró Renzi horas después de que varios medios de comunicación informaran de que un decreto legislativo del Gobierno aprobado hace diez días podría tener como consecuencia una despenalización para Berlusconi.

 

También quedaría despenalizada la evasión cuando el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no satisfecho no fuera superior al 3% del total declarado.

 

Ante la interpretación que de esa norma difundieron los medios Renzi declaró que la iniciativa no irá inmediatamente al Parlamento, en contra de lo que preveía el trámite ordinario.

 

“Si alguien se imagina que con esta iniciativa había algún tipo de intercambio, no hay problema. Lo paramos aquí, esta norma la enviaremos al Parlamento solo tras la elección del Quirinal”, dijo Renzi en alusión a la sustitución del presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien anunció el 31 de diciembre que dimitirá próximamente.

 

Renzi añadió que la iniciativa gubernamental se retomará “después de que Berlusconi haya terminado su período en Cesano Boscone, y demostraremos que no hay ningún apaño raro”.

 
El primer ministro se refería a los servicios sociales que el ex cavaliere está cumpliendo, en sustitución de la pena de cárcel, en un centro de atención a mayores en esa localidad milanesa por haber sido encontrado culpable en sentencia firme de fraude fiscal.

 
Berluisconi cumple servicios sociales en sustitución de los cuatro años de prisión (rebajados a uno por una ley de indultos para despoblar las cárceles) a los que fue condenado por el “caso Mediaset”, por el delito de fraude fiscal en la compraventa de los derechos de películas estadounidenses en la década de 1990.