PALMA DE MALLORCA. La infanta Cristina, hermana de Felipe VI de España, fue imputada por dos delitos fiscales en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, por lo que podrá ser objeto de acusación e ir a juicio.

 

Se trata del “caso Nóos“, en referencia a una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados varios millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.

 

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma (islas Baleares, Mediterráneo), confirmaron hoy la imputación de Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, pero retiraron esa condición en el caso de blanqueo de capital.

 

El juez instructor del caso, José Castro, había planteado la imputación de Cristina (1965), segunda hija de Juan Carlos de Borbón.

 

Ahora el juez Castro tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del rey Felipe VI aunque solo lo solicite una de las acusaciones populares.

 

Si las partes mantienen las posiciones que han sostenido durante la fase de instrucción, ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del monarca español y únicamente un sindicato formularía acusación contra ella.

 

En ese contexto, el juez Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a EFE fuentes jurídicas.

 

En el sumario están imputados Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6.1 millones de euros (7.4 millones de dólares) de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

 

El juez sostenía que los ingresos “ilícitos” procedentes del lucro obtenido por Nóos fueron ingresados en una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo.

 

La acusación de delitos fiscales se refiere a la participación de la infanta, como copropietaria de Aizoon, por no declararse el cobro de asesorías en las declaraciones del Impuesto de la Renta de Personas Físicas de 2007 y 2008.

 

El juez sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir algunos pagos a la Hacienda española.

 

Podría evitar juicio

 

El abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró que “no se comparte el criterio de la Audiencia” por presunta cooperación u omisión en esos presuntos delitos fiscales, más aún cuando la Agencia Tributaria no acusa a la hermana del rey de tales cargos.

 

Recordó que dependerá de si tras este auto no hubiera acusaciones formales de la Fiscalía, la Agencia Tributaria o la Abogacía del Estado contra Cristina de Borbón, entonces se aplicaría la jurisprudencia conocida como “Doctrina Botín” que le impediría ser sometida a juicio.

 

Roca aseguró que a la infanta “no le hace ilusión que sus tesis hayan sido estimadas sólo en parte. Vamos a seguir con la defensa por entender que realmente no existen bases para formularse una acusación ni por cooperación ni por omisión en delito fiscal”.

 

“No compartimos el criterio y nos resulta sorprendente” que se mantenga este delito “cuando la Agencia Tributaria ha manifestado que no hay participación delictiva”.

 

Roca dijo que es importante que los jueces decidieran archivar la acusación por lavado de dinero.

 

El documento de 160 páginas de la Audiencia confirma las acusaciones contra Urdangarin, su ex socio Diego Torres, y la esposa de éste Ana María Tejeiro.

 

El esposo de la infanta encabezaba junto a Torres el Instituto Nóos, que realizaba algunas actividades con los gobiernos de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, y a través de los cuales se transferían fondos públicos, de los que presuntamente se malversaron seis millones de euros (7.4 millones de dólares).

 

Los presuntos delitos de Urdangarin y Torres son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública y lavado de dinero.  (Con información de Agencias)  DM