A cuatro meses de los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde 22 civiles armados murieron, siete militares fueron consignados ante juez civil por ejercicio indebido del servicio público, tres de ellos también estarían acusados de homicidio calificado. Todos quedaron presos en el Campo Militar 1-A.
El Consejo de la Judicatura informó que los soldados, de quienes no se dio a conocer rango, fueron puestos a disposición del juez casi a la media noche del pasado viernes.
Los acusados son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, a quienes se les imputa su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Ejercicio indebido del servicio público.
Además se presume que Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides pudieron haber cometido los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
En tanto que a Rodríguez Martínez se le imputa además su presunta responsabilidad en el ilícito de Encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
Los siete quedaron a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, sin embargo quedará recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.
Más presuntos responsables
El pasado 21 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer una recomendación emitida distintas instancias, no sólo al Ejército México, en especial a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues agentes ministeriales presuntamente habrían cometido tortura y abuso sexual contra las tres testigos sobrevivientes.
“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la PGJEM, en agravio de V24 y V25, y los tratos inhumanos en agravio de V23, mujeres que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación”, señala el documento.
En la recomendación la CNDH afirmó que por lo menos 12 personas, y posiblemente otras tres cuyos cuerpos fueron manipulados, fueron asesinadas por personal militar pese a que no habían resultado heridas y ya se habían rendido.
Los disparos en contra de las víctimas se hicieron a corta distancia y además hubo golpes y siembra de armamento, quedó asentado en el documento.
GH
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