La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Protocolo de Actuación para los juzgadores federales y locales en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

 

Al respecto, el ministro presidente, Juan Silva Meza subrayó que el nuevo Protocolo, explica las diferencias entre “sexo” y “género”, así como entre “orientación sexual” e “identidad de género”, para trabajar a partir de esa clasificación básica.

 

Además el documento expone las bases normativas por las diversas formas de discriminación, la cual no debe permitirse.

 

También enumera una serie de espacios y dimensiones en la vida social en las que las relaciones de abuso se han perpetuado, como lo son los ambientes laborales, el uso de la fuerza pública, la educación, y sugiere a los impartidores de justicia la revisión estricta de cualquier acto que pueda replicar esas relaciones basadas en la discriminación.

 

Este catálogo se suma a otros en pro de los grupos vulnerables, que se han editado por la Suprema Corte, a favor de los niños, indígenas, mujeres, migrantes, y ahora de la comunidad lésbico-gay.

 

Silva Meza aseguró que ésta será una herramienta de apoyo para que los impartidores de justicia cumplan con el mandato constitucional sobre la igualdad para grupos vulnerables, así como para la comunidad homosexual.

 

Por ello, cualquier regresión en materia de Derechos Humanos significa una regresión democrática, aseguró. Porque la reforma constitucional en este tema representa un acierto histórico, que se debe defender a toda costa, y así, defender nuestro sistema democrático, puntualizó.

 

El manual consta de 146 páginas, con cinco apartados, el tercero de ellos dirigido expresamente a los juzgadores, el cual aborda los principales tópicos sobre la comunidad Intersex.

 

En él, se abordan criterios sobre identidad de género, violencia y accesos a la justicia; libertad de expresión y educación; vida familiar; derecho laboral; salud y detenciones arbitrarias.

 

En el documento está fundamentado en cifras y datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por el cual se ilustra que en el periodo de enero de 2011 a abril de 2012, se registraron 273 quejas, de ellas, 237 fueron actos cometidos por particulares y 36 más por servidores públicos.

 

NS