Desde 2008 el gobierno brasileño emprendió una carrera contra reloj para pacificar las zonas con alto grado de violencia en la principal ciudad de Brasil con miras a los dos eventos deportivos con mayor derrama económica del mundo que se realizarán en los veranos de 2014 y 2016.
Según datos del Instituto Municipal de Urbanismo, el 3.8% de Río de Janeiro son favelas. Lo que comprende alrededor de 700 barriadas donde viven cerca de dos millones de personas, un tercio de la población de la ciudad.
Este dato se aportó luego de una queja presentada a Google por difamación al resaltar en su aplicación de mapas los territorios marginales sobre los sitios turísticos y zonas residenciales.
Tras medio siglo de negligencia, parecía que el gobierno finalmente se preocupaba por las favelas de Río. Sin embargo, con la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol, los problemas urbanísticos resaltan.
El alquiler en Río de Janeiro se ha elevado considerablemente incluso en los barrios marginales y más todavía con la entrada en operación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que fueron desplegadas desde el 2008 con el propósito de brindar seguridad a los residentes de los barrios pobres.
Hace 15 días, alrededor de ocho mil personas ocuparon un predio baldío a pocos kilómetros del estadio Maracaná, quienes huían de los altos precios en la renta que se les cobraba en otras favelas.
Así, con tablas, clavos y martillos, se dio luz a un nuevo desarrollo en el barrio Engenho Novo, cuyos nuevos inquilinos bautizarían como favela de Telerj. Pero la compañía telefónica, dueña del predio pidió a las autoridades el inmediato desalojo.
Una semana después, el pasado viernes, las fuerzas de seguridad ingresaron a la zona para hacer efectiva la demanda.
En un saldo preliminar, cinco policías y siete civiles entre ellos tres menores de edad resultaron heridos, además de varios vehículos incendiados, bancos y personal de prensa también fueron atacados.
Distribución de las bandas delincuenciales.
Las principales criticas que se le hacen al gobierno de Dilma Rousseff, son referentes al programa nacional de vivienda social “Mi casa mi vida”, emprendido por la administración de Lula da Silva y extendido por Rousseff.
Los beneficiarios acusan que las nuevos terrenos carecen de servicios básicos como agua, drenaje y luz eléctrica.
Con la denominada “pacificación” de Río de Janeiro las autoridades esperaban que se mejorara el nivel de vida de los habitantes y mostrara un Brasil próspero y pacífico en los eventos mundiales.
Muchos de los proyectos emblemáticos lanzados durante esos años dorados han sido abandonados, incluyendo un tren bala para conectar Río con Sao Paulo y el mejoramiento de aeropuertos, ambos proyectos que se suponía estarían listos para la apertura del Mundial este 12 de junio.
Guarderías, escuelas, cañerías, internet publico, centros salud fueron prometidos pero simplemente se quedaron en la palabra.
A las ideas que urbanistas aportaron para el mejoramiento social en dichas zonas abundan proyectos como un sistema de tranvías para facilitar el acceso al transporte público, sin embargo la iniciativa se quedó sólo en la construcción de una línea de cemento; poco después el arquitecto acusaría que no esperaba encontrarse con un terreno tan difícil.
Otro que proyecto que desata polémica es la construcción de un teleférico que conecta la cima de seis colinas a lo largo de más de 3 kilómetros en el Complexo do Alemão.
El transporte panorámico es muy popular entre los turistas pero entre los pobladores es conocido como “telefante”, sincretismo de teleférico y “elefante blanco”.
“Necesitamos alcantarillas, necesitamos escuelas, no algo para los turistas”, comentó un residente.
El gobierno ha enfocado sus recursos en la seguridad dejando de lado el interés social
En un evento destacado por la actual administración, este abril, dos mil 700 elementos de la Marina y Ejército brasileños tomaron el control del principal bastión del narcotráfico, un complejo integrado por 15 favelas en Maré.
El operativo se ubicó en puntos estratégicos, realizando controles de seguridad, retenes e inspecciones en casa habitación. Pero el despliegue militar sólo se mantendrá hasta el 31 de julio dos semanas después de la clausura del Mundial.
La ocupación se realizó sin resistencia de los habitantes pero tampoco se realizó ninguna detención, por lo que temen que el crimen organizado regrese después de haber partido los reflectores internacionales.
