La Procuraduría General de Colombia destituyó el lunes al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia después del presidente de la República. Y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 15 años, informó el procurador Alejandro Ordóñez.
La procuraduría “impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego…la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas”, dijo el procurador Ordóñez.
La sanción fue impuesta por “falta gravísima” en el caso sobre un cambio en el sistema de recolección de basuras de la ciudad —de ocho millones de habitantes— en diciembre del año pasado, dijo el Procurador.
“Específicamente se demostró… (que) se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia” con la decisión del alcalde, dijo Ordóñez. Por tres días la ciudad estuvo regada de bolsas de basura y se dejaron de recoger entre 6 mil a 9 mil toneladas de basura, dijo.
Llamado a movilizaciones
Petro calificó esta medida como un golpe de estado al gobierno capitalino. Y vía redes sociales invitó “a toda la ciudadanía democrática a movilizarse en Bogotá y en el país” y a que se congregaran en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde está la sede de la alcaldía.
Varios cientos de personas se congregaban en la Plaza con pancartas en apoyo al edil, reportó un fotógrafo de la AP en esa zona.
Desde su cuenta de twitter, el edil dijo: “Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá”.
Pido a toda la ciudadanía democrática movilizarse en Bogotá y en el país. Vamos por la Paz y por la Democracia
— Gustavo Petro (@petrogustavo) diciembre 9, 2013
Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá
— Gustavo Petro (@petrogustavo) diciembre 9, 2013
Petro “sabía que sus decisiones eran irregularidades” y que “vulneraron principios constitucionales de libre empresa y competencia”, añadió Ordóñez, visto como un funcionario conservador y muy criticado en los medios de prensa por decisiones y declaraciones para oponerse en temas como las uniones de parejas del mismo sexo y el aborto.
La decisión puede ser apelada ante el propio despacho del procurador, quien irónicamente fue elegido para el cargo en 2008 con el apoyo de Petro, en aquel entonces senador.
Ordóñez no indicó si la destitución era inmediata, pero el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó en diálogo telefónico que el alcalde seguirá despachando desde la Alcaldía hasta tanto la decisión quede “en firme” o que el fallo de la Procuraduría sea ratificado, lo que puede demorar varias semanas, opinión en que coinciden otros constitucionalistas.
Tampoco quedó en claro de inmediato qué sucederá en caso la decisión sea ratificada y Petro deba salir del cargo.
Pero legisladores, concejales de Bogotá y ex funcionarios explicaron que si la procuraduría ratifica la destitución, entonces el presidente Juan Manuel Santos debe designar a un encargado.
Luego, en un lapso de dos meses, contados a partir de la ratificación, Bogotá acudiría nuevamente a elecciones para elegir un nuevo alcalde. (AP)