Uno de los primeros asuntos que el nuevo regulador del sector telecomunicaciones ha debido enfrentar, es la definición de lo que la reforma constitucional determinó respecto al llamado must carrier y must offer, que obliga a las televisoras de paga a retransmitir las señales de la televisión abierta y a las grandes cadenas nacionales, a dar esa señal a las empresas de televisión restringida sin cobro de por medio.

 

Tema álgido por lo que ha significado que, por ejemplo Televisa y Televisión Azteca no permitan a Dish distribuir sus señales con el inevitable menoscabo de su oferta al consumidor. Tan pronto se dio la reforma constitucional, Dish y otras compañías anunciaron la integración de los canales 2,4,5,7,9,13 y 40 a sus parrillas de programación por lo que las dos empresas dominantes pidieron al recién creado IFT que definiera los alcances de esa obligatoriedad y la reciprocidad de la medida.

 

Más pronto que tarde, la comisionada Adriana Labardini llamó a una mesa de diálogo a los actores interesados con un añadido por demás singular, invitó también a ese foro a Observatel y Amedi, organizaciones académica la primera y civil la segunda, a participar. La reunión no se llevó a cabo ya que ni Televisa ni Azteca asistieron a la misma.

 

Quizá en aras de la transparencia y pluralidad se pueda entender, pero en tanto a la responsabilidad que como juez o árbitro le corresponde, no. Agreguemos a lo anterior, que la comunicación pública de todo esto de hace vía twitter, que quizá muchos manejamos pero que millones no. En su oportunidad comenté que ello podía generar más dudas que certezas sobre la solidez del órgano regulador concebido justamente para ello.

 

Pues ahora hay más; el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió llevar a cabo una consulta pública para definir los lineamientos generales del must carrier y must offer a través de los cuales se den los criterios técnicos para la debida aplicación de las obligaciones previstas en la Constitución para los concesionarios de televisión abierta y restringida en materia de oferta y retransmisión de las señales radiodifundidas.  A través de internet, en www.ift.org.mx usted y yo podemos opinar desde ahora, y hasta el 19 de diciembre sobre el tema, ¿Será ese el mejor método para resolver controversias entre actores en el sector? ¿Será la tónica con la cual trabajará el IFT?

 

La elección de los comisionados del IFT fue producto de un mecanismo cuidado y vigilado de selección y evaluación de cada un@ de los nuevos árbitros y su misión consiste, en darle certeza y equidad al desarrollo de tan relevante sector.

 

¿Llamarán los comisionados del IFT mañana a otra consulta pública para determinar si Telmex es un actor dominante y debe ser sometido a regulaciones asimétricas o acciones para desincorporar activos? ¿Se trata de transparencia o de populismo? Porque al final, tan grave resulta que el regulador quede atrapado por los regulados como que el nuevo árbitro someta a la opinión de la tribuna lo que a él le toca sancionar.

 

La imagen de un partido de futbol donde el hombre de negro (tradicionalmente de ese color) somete a los aplausos y chiflidos si marca o no un penal, es ilustrativa. Peor será si los abucheos son mayoría y aun así el nazareno, (otra vez apelo a la jerga futbolera) decide que sí es penal. ¿De qué es lo menos que lo acusarían? Exacto.

 

La resolución del IFT dicta que se hará la consulta para después deliberar internamente, decidir y dar a conocer después, qué y cómo fue que las opiniones recabadas en la consulta pública fueron tomadas en cuenta. Los jugadores del sector ya han expresado su inquietud al respecto, y creo que como espectadores (y consumidores) podemos hacer lo mismo.