Los combates y emboscadas ocurridas en los últimos días en la región de Tierra Caliente contra fuerzas federales, no son los típicos enfrentamientos que conocemos los mexicanos entre los narcotraficantes y el gobierno. Las estrategias utilizadas por los “grupos armados” -así llamados por el gobierno en un principio- que atacaron a la Policía Federal en el sur de Michoacán, fueron operaciones bélicas, con elementos y tácticas que hacen pensar en grupos con entrenamiento paramilitar, lo que en los hechos cambia y escala la manera en que estos grupos criminales responden a la presión y la presencia federales.

 

Si se trata de los Caballeros Templarios, la organización que sustituyó a la Familia Michoacana, significa que ese grupo decidió repeler a las fuerzas federales que desde hace dos meses tomaron el control de los municipios de Tierra Caliente, con una embestida mucho más sofisticada de lo que cualquier cártel del narcotráfico haya utilizado hasta ahora para enfrentar al gobierno. Es, en los hechos, una declaración de guerra al Estado mexicano que, en términos tácticos podría significar dos cosas: o es la respuesta desesperada de este grupo ante el embate federal que le arrebató su territorio de operaciones con el Operativo Michoacán o podría ser una ofensiva de un grupo que se cree superior al gobierno federal y cree poder expulsarlo de su zona de operaciones.

 

En cualquier caso el Estado tendrá que responder a este desafío que, de confirmarse, supondría una nueva modalidad del narcotráfico en México: cárteles de las drogas que, como los Caballeros Templarios, estarían utilizando su base social, que en este caso es amplia en la región, para armar a civiles y lanzarlos a combatir junto con ellos a las fuerzas federales.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto tal vez esté pagando el costo de su estrategia inicial de combate a la delincuencia, en la que no sólo hubo un repliegue de las fuerzas federales de los estados con mayor violencia, sino que además se minimizó y se abordó con cierta ingenuidad la proliferación de las llamadas “policías comunitarias” o “grupos de autodefensa”. En Michoacán, en particular, ese fenómeno desde el principio se asoció con los narcotraficantes y el propio gobierno acusó los vínculos entre las “autodefensas” surgidas en Tierra Caliente y cárteles como el de Los Templarios.

 

Pero lejos de actuar de manera rápida y decidida para enfrentar ese fenómeno, que también afectó a estados como Guerrero, la administración peñista dejó pasar meses. Durante ese tiempo, los grupos se fortalecieron y se arraigaron en muchas comunidades de la zona, antes de que se decidiera mandar a las fuerzas federales -PF, Ejército y Marina- a territorio michoacano, el 20 de mayo de 2013. Entonces, ya varios de esos grupos habían tomado control de territorios y municipios en donde, armados por el narcotráfico, impusieron su ley, llegando incluso a deponer alcaldes y a tomar el control de los ayuntamientos.

 

El 22 de mayo de este año, varios medios consignaban que el Ejército había entrado a municipios como Buenavista-Tomatlán y Tecalpatepec, y había retomado el control “sin disparar un solo tiro”. Hoy queda claro que todos esos grupos, autodefensas y Los Templarios, se replegaron a otras zonas -muy probablemente a municipios de Guerrero- para rearmarse y planear una estrategia de defensa de su territorio que hoy, dos meses después, estamos viendo en forma de emboscadas y guerra de guerrillas a la Policía Federal.

 

La pregunta es por qué no había entrado en escena el Ejército y la Marina a reforzar a la PF en estos combates, al menos hasta la tarde de ayer en que se reportaban nuevas emboscadas a federales y la toma de municipios como Aquila por grupos con armamento de alto poder,. Minimizar la gravedad de los hechos y decir que “no hay ingobernabilidad” en la región de Tierra Caliente sería un grave error ante el desafío clarísimo que esos grupos están haciendo al Estado mexicano.