Entre 2006 y 2012, Andrés Granier Melo realizó movimientos por 99 millones de pesos, de los cuales no pudo acreditar la legal procedencia de 35 millones. Por ello, la PRG le fincó responsabilidades de uso de recursos de procedencia ilícita, como se le notificó ayer en la audiencia de toma de declaración.

 

Asimismo, ayer por la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Tabasco, solicitó vía exhorto a la PGR, que pidiera al juez federal en turno, en el DF, notificar a Granier Melo sobre la consignación de su expediente por la acusación de defraudación fiscal.

 

Por ello, se espera que en cuanto sea notificado el juez de turno del Distrito Federal se proceda nuevamente a consignar el expediente del inculpado y se cumplimente la orden de aprehensión en reclusión, a fin de que suba nuevamente a la rejilla de prácticas para la toma de declaración preparatoria por el delito fiscal que se le imputa.

 

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no había ninguna solicitud oficial en este sentido.

 

Cabe destacar que el Juez de Distrito en Tabasco fue el que liberó las ordenes de aprehensión solicitada por la PGR en contra del ex gobernador de la entidad; sin embargo, por los riesgos de salud del acusado durante el traslado del DF a Tabasco, solicitó por exhorto que un juez federal en la capital del país realizara las diligencias correspondientes y se hiciera cargo de determinar la situación legal del ex gobernador.

 

Guarda silencio

 

Durante la audiencia de ayer, sólo por la acusación de uso de recursos de procedencia ilícita, el ex gobernador se abstuvo de declarar ante la juez, Taissia Cruz, y pidió la duplicidad del término constitucional para presentar las pruebas pertinentes y evitar el auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero.

 

Por su parte, la impartidora de justicia ordenó al secretario de acuerdo de dicho juzgado que leyera a Granier las acusaciones que le fincó la PGR, sobre todo de los análisis periciales en sus cuentas personales que en estos años fue de 99 millones 752 mil 026 pesos, de los que no pudo comprobar la legal procedencia de 35 millones 338 mil 315 pesos.

 

Asimismo,  se le dio vista sobre sus dos declaraciones realizadas ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde en primera instancia negó los hechos que se le imputan y en otra se dijo un perseguido político de la administración perredista, a cargo de Arturo Núñez.

 

Posteriormente, luego de reconocer sus firmas  en los pliegos de declaración ministerial, Granier Melo se acogió al artículo 20 Constitucional y solicitó la duplicidad del término.

 

En ese momento tomó la palabra, enumeró las causas por la cuales salió de Tabasco, la primera por alejarse de la administración del PRD en el gobierno estatal, segundo por motivos de tratamiento médico, por problemas de hipertensión arterial y tercero por amenazas en contra de su persona por parte del crimen organizado, al cual combatió durante sus gestión.

 

Acusó al gobernador, Arturo Núñez, de haber orquestado una campaña en su contra al acusarlo de delitos que no existen; por ello, las investigaciones en su contra responden, insistió, a un revanchismo político del PRD.

 

El ex gobernador adelantó que presentará las pruebas pertinentes para demostrar su inocencia de los hechos que se le imputan.

 

Luego de terminada su intervención, la juez dio por concluida la audiencia, que duró sólo 40 minutos. Será hasta las 23:30 horas del próximo lunes cuando se defina la situación jurídica del ex gobernador al vencerse la duplicidad de término solicitada.