Para sostener que el general Tomás Ángeles Dauahare tenía vínculos con el crimen organizado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no solo recurrió en la manipulación de testigos protegidos y fabricación de pruebas, sino también hizo uso de la extorsión, la intimidación y hasta del robo.

 

Así lo reveló a 24 HORAS el ex subsecretario de Defensa, quien responsabilizó al ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas, de haber permitido los abusos contra él y otros militares detenidos, con el objetivo de responsabilizarlos de nexos con el narcotráfico y darle coherencia a la declaración del testigo protegido Jennifer.

 

“Con toda seguridad sí, esto no podía ser ajeno al conocimiento del subprocurador de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas Martínez, que ahora está disfrutando de un puesto en la Judicatura, regresó a su cargo anterior, así fue premiado…”, expresó Ángeles Dauahare un día después de ser liberado.

 

Durante los nueve meses que estuvo preso en el penal federal del Altiplano, relata el general, pudo convivir a diario con los militares que también fueron consignados por los supuestos nexos con los Beltrán Leyva, y que eran vecinos de su estancia.

 

Uno de ellos fue el mayor Iván Reyna Muñoz, quien le platicó la forma en que personal de la SEIDO lo chantajeó y amenazó durante el arraigo con incluso hacerle daño a su familia, para que declarara en su contra.

 

“El mayor no quería firmar la declaración que la misma autoridad ministerial elaboró, donde me inculpaban, entonces una vez le dijeron que tenían llamadas interceptadas a su señora y lo amenazaron con que le fincarían responsabilidades. Incluso le narraron en vivo como llegaba a su casa y abría la puerta, y así lo fueron doblando, es increíble e infame”, reveló Ángeles.

 

No fue todo, apuntó el mando castrense, pues en otra ocasión le robaron la camioneta a la esposa de Reyna y le hablaron segundos después unos sujetos que no podían ser otros que de la misma SEIDO, para decirle que su mujer y sus niños estaban en la calle, a merced de delincuentes.

 

Las presiones de los fiscales de la subprocuraduría no terminaron en el mayor, narró Ángeles, pues siguieron con el resto de los militares detenidos.

 

“Presionaron también al general (Ricardo) Escorcia Vargas para que declarara en mi contra y amenazando e intimidando a su familia, y de la misma forma a (Roberto) Dawe, para que declarara contra (Jesús) Hernández Soto. Y al mayor Reyna y general Rubén Pérez para que se declarará culpable”, acusó.

 

El saqueo

 

Aunque Dauahare reconoce que no sufrió maltratos de funcionarios de la PGR, acusa que su familia sí, con el aseguramiento de casas y cuentas, y sobre todo por el saqueo en la vivienda de una de sus hijas en Cuernavaca, Morelos.

 

“La casa de mi hija fue saqueada por personal de la SEIDO, se llevaron la mejor ropa, las computadoras y no las han regresado, y fueron ellos. Tuvieron que devolverlo junto con la propiedad, pero no lo hicieron”, señaló.

 

Ana Luisa Ángeles, hija del general, indicó que de la casa se llevaron incluso una caja fuerte donde había unos papeles, los cuales no regresaron.

 

Quiere demandar

 

Aunque el general Ángeles Dauahare tiene el deseo de proceder legalmente en contra de la PGR por la forma en como fue privado de su libertad y encarcelado con el testimonio falso de Jennifer, aceptó que la decisión se analizará con su abogado y con el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos.

 

“Voy a platicarlo con el secretario, yo tengo la intención (de demandar) pero desde luego me atengo a las indicaciones que me dé, porque esto tendría implicaciones políticas, además de jurídicas. En efecto, fue una infamia mi caso, el daño psicológico fue muy fuerte, para mí y mi familia”, dijo.

 

Cuestionado sobre qué hará en los próximos días, el divisionario señaló que acatará las instrucciones que le dé Cienfuegos.

 

“No albergo resentimientos, no tiene caso, el daño es irreversible pero quedó atrás, todo viene por delante y por lo pronto ni he dormido, quiero platicar con toda la familia primero”, sostuvo.

 

Respecto a la ex procuradora Marisela Morales, el militar indicó que el haber sido excarcelado es evidencia suficiente de la “calidad” de la indagatoria que ella presumió en su momento.

 

Siguen bajo proceso penal

 

Siguen bajo proceso penal

*General Ricardo Escorcia Vargas

*General Roberto Dawe González

*Teniente Coronel Silvio de Jesús Hernández

*Mayor Iván Reyna Muñoz

 

Todos ellos no solicitaron el cierre de instrucción como Dauahare, siguen en desahogo de pruebas

 

Las dos caras del Ejército

 

En menos de un año la Secretaría de la Defensa se transfiguró. Primero el Ejército investigó, detuvo y prácticamente reconoció el inicio del juicio del general divisionario Tomás Ángeles Dauahare. Ahora, el mismo Ejército se dice satisfecho con la liberación del mando castrense y hasta reconoce el “trabajo profesional” del Poder Judicial.

 

Hasta el propio general Dauahare, al dejar la prisión de máxima seguridad, anunció que se pondrá a disposición del alto mando militar, el general Salvador Cienfuegos.

 

El 15 de mayo de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que personal de la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de localización y presentación del general, en colaboración con la Procuraduría General de la República.

 

Lo anterior, se dijo en ese momento, para que Ángeles Dauahare rindiera declaración ministerial en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

 

“Esta Secretaría de Estado reitera su compromiso con la sociedad mexicana que de ninguna manera tolera actos contrarios a las leyes, y cuando alguno de sus elementos no se conduce conforme a derecho, sus actos se investigan y en su caso se sancionan con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que se encuentren en activo o en retiro, y sin permitir cualquier aspecto de impunidad u opacidad, colaborando estrechamente con las instancias encargadas de la procuración de justicia del país”.

 

En aquella ocasión, la Sedena, que estaba bajo el mando del general Guillermo Galván Galván, aclaró que el general ya no estaba en activo, porque desde el 1 de marzo de 2008 se había determinado su retiro del Ejército. Así dejaba clara su distancia respecto a Dauahare.

 

Pero el miércoles, por la noche la Secretaría del general Cienfuegos mostró una posición muy distinta: “…recibe con satisfacción dicha resolución, sin lugar a duda, la determinación y responsabilidad asumida por las autoridades correspondientes son resultado de un trabajo profesional”.

 

“Esta Secretaría expresa su reconocimiento a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia del país, como garantes del Estado de Derecho, actuando bajo los principios de Legalidad e Imparcialidad, que garantizan la certeza jurídica para todos los mexicanos”.

 

Así, sólo en 11 meses el discurso de una institución cambió.