La corrupción regresa al centro de la discusión nacional. A las investigaciones  periodísticas sobre enriquecimiento de funcionarios, y corrupción develadas en periódicos nacionales y extranjeros, se suman los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sobresalen los montos desviados y la irregularidad de los procedimientos. Pero no hay siguiente paso. Falta construir averiguaciones previas serias para castigar responsables.

El problema es complejo. Hay un gobierno priista (con pobre reputación en la materia) que se enfrenta a un equipo panista, recién salido, dolido y agresivo, y a varios gobiernos estatales multicolores pero con predominio escarlata. El primero quiere gobernar, el segundo quiere sobrevivir y a los terceros hay que alinearlos para garantizar la cooperación.

 

El presidente del Senado, ya salió a gritar contra los gobiernos estatales. Su reacción es entendible: primero porque muchos de estos despilfarraron recursos públicos pero, segundo, porque parte de ese abuso involucra su actuación en SHCP. La Auditoría indica que la SHCP, bajo el mando de Cordero, y la CNVB son corresponsables del endeudamiento de los estados. Dicen que “tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata”. Como este hay más ejemplos.

 

Sabemos que equipo de Calderón sabe patalear pero es incapaz de reconocer sus abusos y omisiones. Si en seis años, calificaron a los muertos de delincuentes, a los desaparecidos de inexistentes y negaron a las víctimas una ley que las ampare, que no negarán con los abusos del dinero público.

 

La nueva administración se encuentra ante un interesante dilema. El gobierno panista es parte del pasado, y en el discurso, el PRI busca diálogo y reconciliación. Hablan con vista al futuro, lo que no implica que no revisen el pasado. El informe de la ASF es sólo parte de la información que los sucesores de cada dependencia deben ya haber recolectado. Antaño, este tipo de información se usaba para negociar o callar voces incómodas. ¿Cómo la usarán ahora?

 

Por otro lado, Peña puso en el centro de su agenda de gobierno la lucha contra la corrupción. Anunció una agencia, cuyo margen de operación es mínimo, pero no se ha anunciado ninguna “cruzada nacional” en ese ámbito. Sin embargo, los priistas saben manejar el tema. Por lo pronto, un gobernador perredista tiene aval para investigar a un ex priista (Granier, de Tabasco). Además, la división del PAN permitirá castigar a un grupo, mientras pactan con otro. Tal vez por eso hay hoy una entrevista de Patricia Flores (ex jefa de presidencia y enemiga política de Cordero) en el Universal.

 

Si la información es suficiente, calmarán las aguas en el Senado y avanzarán algunas reformas. Si no, empeorará la lucha en el PAN y aumentará la frustración nacional.

 

Es entendible que en busca de gobernabilidad no se haga una cacería de brujas pero, ¿puede el país seguir sin consecuencias para nadie? ¿Es sostenible para una sociedad que paga, literalmente, con sangre el costo de la corrupción y la impunidad?

 

Encarcelar chivos expiatorios sin elementos abona y atiende la sed de venganza pero dista de resolver el problema, que es sistémico. Falta escuchar propuestas de cambios estructurales en la materia. Necesitamos más controles de abajo hacia arriba y encarecer políticamente la corrupción. Permitir la reelección municipal, limpiar el IFAI, y sistematizar a las instituciones son algunos pasos para transformar los incentivos de los actores públicos. Hay que llevar ahí la discusión.